No solucionan los problemas, sino que los agravan

Pepa Catany colgando la carta de despedida para los trabajadores en su despacho esta semana pasada.

Joan Miquel PerpinyàIbiza17/02/18 23:11
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Los lectores de Periódico de Ibiza y Formentera han sido puntualmente informados durante esta semana -en absoluta primicia y en rabiosa exclusiva- del cese fulminante de la funcionaria pública con categoría de jefa de sección que hasta ahora ha sido la responsable del hospital residencia Cas Serres, el centro sociosanitario más importante de Ibiza que depende del Consell. El martes les contamos que Pepa Catany, que así se llama la defenestrada, iba a ser sustituida por decisión «exclusivamente técnica de mover el personal del departamento», según se explicó desde la institución insular. La afectada, sin embargo, achacó su liquidación a su postura incómoda para el Consell ya que había mostrado su apoyo a los trabajadores de Cas Serres. Recordemos que llevan algunos meses quejándose de una clamorosa falta de personal, lo que ha obligado al sindicato UGT a denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo por la «precarización laboral y de servicios», nada menos. Algo de extrema gravedad cuando caemos en la cuenta de que quien gestiona ese departamento es una formación de izquierdas como Podemos.

Desde el Consell, la consellera de Sanidad y Bienestar Social, Lydia Jurado, ha negado siempre, por activa y por pasiva, que haya falta de personal. Cualquiera que escuchara la entrevista que le hicimos en el programa Bona Nit Pitiüses de la TEF lo habrá comprobado, porque llegó al punto de escudarse en un informe del interventor del Consell, «un funcionario con habilitación nacional», para defender que la plantilla es la suficiente en Cas Serres. El interventor solo certifica que hay dinero para pagar esa plantilla, no si hace falta reforzar con más personal, lo cual es evidente e innegable, a juicio de UGT.

Tan mal sentó en el Consell y en especial a sus compañeros de Podem, (que fueron quienes la colocaron en el cargo que no ha sabido gestionar, según parece), que Pepa Catany se marchase contando la realidad de su cese, que saltaron en tromba contra ella con la descarada intención de triturar su imagen pública. Pero consiguieron quedar ellos en evidencia, porque certificaron lo que vienen denunciando los trabajadores de Cas Serres. El portavoz de Podem, Gianandrea di Terlizzi, dijo que Catany fue designada para solucionar los problemas y que con ella se habían agravado. La responsabilizó de gestión negligente que incluso había desembocado en el impago de las nóminas del personal eventual y también de no atender en plazo los requerimientos que se le hacían. ¿Pero no habíamos quedado en que se trataba de una decisión «absolutamente técnica»? Además, la acusó de hacer el papel de los sindicatos, lo que demuestra que Podem no está a favor de sus reclamaciones, a parte de dar razón a la cesada en cuanto a las razones reales de su sustitución.

A Pepa Catany no la ha salvado tener el carné de Podem y quizás haya actuado en su contra haber formado parte de la candidatura de Joaquín Luzón cuando en 2015 disputó la secretaría general a Viviana de Sans, sospechosamente callada durante todos estos días, como tantos otros a quienes no parece importar este episodio que afecta a trabajadores y usuarios de Cas Serres.

Y es que el camino se demuestra andando. Podemos, más allá de su discurso a favor de los más desfavorecidos, de las mujeres, de los refugiados, de los desheredados de la tierra, demuestra una patente incapacidad de gestionar que asusta. Y una propensión a la purga que pone los pelos de gallina. Imaginen si además de Cas Serres, tuvieran bajo su control -bajo su descontrol sería mejor decir- Can Blai i Sa Serra. Así, no es extraño que, a diferencia de lo que han hecho el resto de consells insulars, no hayan podido asumir su gestión y sigan en mano del Govern. Afortunadamente para los usuarios.

Lydia Jurado ha demostrado ser una nulidad absoluta, como antes aún lo demostró con creces el conseller de Medio Ambiente, Miguel Vericad, otro gestor completamente inepto e incapaz de solucionar nada. Pero ahí están, haciendo como que hacen algo, cuando no hacen nada y mejor sería que se marchasen a su casa. Porque una cosa es el activismo callejero y aguantar la pancarta, y otra muy distinta es solucionar los problemas. No solo no los solucionan sino que los agravan. Tenía razón Gianandrea di Terlizzi.

Acabar con la impunidad de los okupas. Ya sabemos que se dirá que si se trata de un fenómeno complejo, que si la exclusión social, que si el enfoque policial no sirve y que si los servicios sociales tienen mucho que decir. Todo eso que se lo cuenten a Valentina Assordi y a tantos otros propietarios que compraron una vivienda en sa Penya y la Marina, y que ahora la tienen que tener tapiada porque de otro modo los okupas se apoderarían de ella sin remedio.

La dirección insular del Estado, junto al Ayuntamiento, deben coordinarse para incrementar la presencia policial en esos barrios, de modo que los clanes que allí reinan no puedan hacer lo que les venga en gana. Los mismos que gritaban cuando se desalojaba la UA27 «¡Sa Penya es nuestra!». Hay que hacerles ver que no es así, que no es suya sino de todos. Por las buenas o por las malas. Valentina no puede seguir siendo noticia, porque su desesperación nos conmueve a todos.

Feliz domingo.