Entre otras recomendaciones, también señalaron la urgencia de mejorar el funcionamiento de las depuradoras de las Pitiusas y fomentar la reutilización de aguas depuradas.
La Alianza por el Agua recordó que promueve el consenso de estas medidas con todos los actores sociales, económicos e institucionales de las Pitiusas para trasladarlas al Govern en el actual proceso de consulta de la revisión del Plan Hidrológico de Baleares.
Asimismo, hizo un llamamiento a todos estos sectores y a la ciudadanía para exigir a las autoridades competentes la mejora de la gestión del agua en las Pitiusas. La primera prioridad para la isla de Ibiza propuesta por el decálogo es la puesta en marcha «urgente» de la desaladora de Santa Eulària y la finalización de los trabajos de interconexión de las desaladoras de la isla de Ibiza.
La entidad recordó que se ha anunciado la apertura de esta desaladora para este verano, pero «es el tercer año consecutivo que se anuncia su apertura sin resultados». Además, esta medida se debería complementar con la reducción del uso de pozos de abastecimiento para la red urbana y su substitución por agua desalada para posibilitar la recuperación de los acuíferos gravemente sobreexplotados.
La segunda prioridad para las Pitiusas debe ser el impulso de actuaciones urgentes para la reutilización de las aguas depuradas para usos urbanos, agrícolas y ambientales y de esta manera cerrar el ciclo del agua.
«En el contexto histórico actual de sequía que sufren las Pitiusas es un lujo inaceptable para la sociedad el vertido de aguas depuradas al mar sin posibilitar su reutilización», dijeron, recordando que urge poner en marcha la balsa de riego de Sa Rota en Ibiza y la balsa de riego de Formentera para la reutilización de aguas depuradas para usos agrícolas.
Además, recomendaron elaborar con la «mayor celeridad posible» los planes municipales de gestión sostenible del agua, tal y como obliga el recientemente aprobado Plan Especial de Sequía de Baleares. También indicaron que se debe mejorar la coordinación de los organismos públicos para garantizar la integración de las políticas públicas con incidencia en la gestión del agua.
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