En toda las Islas, al finalizar 2017 eran 3.248 las demandas planteadas. A las del juzgado de Palma -que centraliza todas las de Mallorca- se suman otras 175 en Ibiza y 129 en Menorca. Sólo en el mes de diciembre se plantearon alrededor de 500 nuevas demandas en el órgano especializado de Palma, el Juzgado de Primera Instancia 17. Si el ritmo se mantiene, la previsión de los órganos de gobierno judiciales, que era de 3.700 asuntos en un año -que se cumple en junio- quedará pulverizada.
A las campañas a nivel nacional de algunos despachos madrileños se han sumado algunos bufetes locales que pelean por el mismo pastel de clientes. Las reclamaciones por gastos relacionados con la constitución de las hipotecas son ya el mayor contingente, por encima de las cláusulas suelo, la primera de las condiciones de contratación que fueron anuladas por los tribunales y que llevaron a crear juzgados especializados para estas reclamaciones a los bancos.
El Consejo General del Poder Judicial modificó hace unas semanas el funcionamiento de los juzgados especiales. En un primer momento, el de Palma fue un juez en prácticas con funcionarios propios que funcionaban en paralelo a un juzgado de primera instancia ya creado. El nuevo planteamiento incluye ya a todo ese juzgado, por lo que el juez titular y los funcionarios ya intervienen también en la tramitación y los anteriores continúan como un refuerzo.
El principal problema de la primera medida fue precisamente la falta de funcionarios, la parte que le toca aportar al Ministerio de Justicia, que demoraba la tramitación de las causas. La presentación de reclamaciones se espera que se aminore una vez queden claros los criterios y los bancos decidan no pleitear.
EL APUNTE
Convenio del Govern para las cláusulas suelo
La Conselleria de Salud y el Colegio de Titulados Mercantiles y Empresariales de Baleares han suscrito un acuerdo de colaboración para atender a suscriptores de préstamos hipotecarios afectados por cláusulas suelo y otras condiciones bancarias abusivas. El Govern señala en un comunicado que se calcula que unos 80.000 ciudadanos de Baleares se han visto afectados por las cláusulas suelo, declaradas abusivas.
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