Europa PressEivissa24/11/17 22:36
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El Consell d'Eivissa, el Govern y el Ministerio del Interior firmaron ayer en Madrid un protocolo a tres bandas que permitirá la construcción de cuatro edificios con un total de 120 viviendas en los terrenos de la Comisaría de Policía Nacional.
Por parte del Ministerio, participaron en la reunión el subdirector general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios, Felipe del Pozo, y el secretario general de Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos, José Hurtado. Por parte del Govern participó el director general de Vivienda, Eduardo Vila, y en representación del Consell d'Eivissa acudieron el presidente Vicent Torres y la vicepresidenta Marta Díaz.
Terrenos
El Ministerio de Interior segregará la parcela, de 8.000 metros cuadrados, para cederla al Ibavi, que se encargará de la construcción y gestión de las viviendas. El Consell adquirirá dos de los edificios para destinarlos a vivienda social, misma función que tendrá el tercer edificio, que será gestionado directamente por el Ibavi.
El cuarto inmueble, situado más cerca de la Comisaría, será cedido al Ministerio para que lo pueda destinar al alojamiento de funcionarios.
El presidente Vicent Torres mostró su «satisfacción» por el acuerdo «trabajado desde la colaboración entre las diferentes administraciones». Torres destacó el compromiso de la máxima institución insular «para dar respuesta a las necesidades urgentes que tiene la Isla en materia de vivienda, tanto para las familias como funcionarios públicos que deben desplazarse desde la Península».
Asimismo, recordó las dificultades existentes para mantener funcionarios en Ibiza debido a los elevados precios de la vivienda. «Es muy necesario llegar a acuerdos de colaboración como estos», insistió.
En las próximas semanas, las tres partes ultimarán el documento de protocolo general de intenciones, paso previo a la redacción y firma del convenio que establecerá los respectivos compromisos de actuación, aportaciones económicas y plazos de ejecución. Según el Consell, las negociaciones comenzaron en marzo por iniciativa de la institución con una carta remitida por el presidente al ministro Juan Ignacio Zoido, proponiendo el aprovechamiento de estos terrenos urbanos para promociones de vivienda pública.