Imagen de archivo del Ayuntamiento de Santa Eulària.

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R.I. / E.PRESS16/11/17 17:08
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El propietario de la Policlinica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, ha denunciado al alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, a dos concejales y a un funcionario por considerar que han delinquido al tramitar un expediente para construir una clínica privada en Jesús. El empresario asegura en el escrito de alegaciones que presentó en el Ayuntamiento de la Villa del Río que la empresa que quiere abrir una clínica privada en Jesús inició un segundo procedimiento tras caducar el primero por no subsanar deficiencias. En las alegaciones, Vilás señala, además, que se trata de un «promotor particular que ha influido en uno o varios funcionarios públicos o autoridades, dada una evidente relación personal, propiciando una actuación administrativa irregular para conseguir un evidente beneficio económico». El juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha admitido a trámite esta querella.

La respuesta

Según informaron desde el Consistorio, la querella está motivada «única y exclusivamente» por el interés particular de la empresa querellante para mantener el monopolio de la sanidad privada en Ibiza. En este sentido, el alcalde,Vicent Marí, ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de esta demanda.

Según el Ayuntamiento, resulta «sorprendente» que la denuncia sólo vaya en contra de tres políticos y de un técnico y no contra la Junta Local de Gobierno, organismo colegiado sobre el que hasta ahora recae la responsabilidad del procedimiento.

El Ayuntamiento defiende la «corrección y legalidad» del proceso que sigue en tramitación.

Según señalaron ayer a través de un comunicado, la persona que firma la querella y sus empresas no están domiciliadas en el municipio, por lo que su condición de interesado resulta de la competencia que le pueda suponer la puesta en marcha de otro centro sanitario.

El procedimiento administrativo al que se refiere la demanda está en tramitación. El querellante, afirmó el Ayuntamiento, ha podido presentar alegaciones tanto al proyecto urbanístico como al de actividades.

Así, si la respuesta de los servicios técnicos y jurídicos no le satisface, según precisaron, podría recurrir a la vía contenciosa y el hecho de que se plantee el conflicto por la vía penal «tiene la clara intención de no valorar el fondo administrativo sino tratar de utilizar el tribunal y la exposición pública de la querella para coaccionar a los afectados con el fin de que adopten una resolución favorable a los intereses del querellante», concluyeron desde el Ayuntamiento.