Después de varias inspecciones, la concejalía de Urbanisme del Ayuntamiento de Ibiza inició un expediente sancionador que finalmente ha desembocado en esta propuesta de sanción y el orden a la empresa infractora de restablecer la realidad física alterada con la demolición total del cierre de la parcela. Esta desinstalación deberá ser ejecutada dentro del plazo de 15 días.
En caso de incumplimiento de las órdenes de reposición a su estado original de los terrenos, el Ayuntamiento advierte al infractor que se pueden interponer hasta 12 multas coercitivas, con una periodicidad mínima de un mes, y por una cuantía, en cada ocasión, de como mínimo 600 euros. En el caso de que la empresa no lleve a cabo la demolición de la valla perimetral, desde el Ayuntamiento han indicado que se ejecutará de forma subsidiaria a costa de la empresa, ejecución que se produciría una vez transcurrido el plazo derivado de la duodécima multa coercitiva.
En esta misma línea, el Ayuntamiento de Vila ha abierto un expediente sancionador por infracción urbanística para ejercer la actividad de venta y alquiler de coches en un solar calificado como suelo rústico. Este expediente, han añadido, sigue actualmente su curso y podría derivar en otra sanción aún por determinar.
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