Paquita Ribas y Josep Marí, durante la rueda de prensa que ofrecieron ayer en el Ayuntamiento de Sant Josep. | Roger Riera

El equipo de gobierno de Sant Josep presentará en el pleno de este jueves una modificación de la ordenanza reguladora del ruido y las vibraciones que prevé limitar el volumen de la música de los beach clubs del municipio. La intención de los socialistas es que estos establecimientos cuenten con limitadores de sonido para que impida la emisión de música por encima de 65 decibelios. «Esto permitirá que las playas no sean discotecas», aseguró ayer el alcalde, Josep Marí Ribas.

Este cambio en la normativa supone un paso más al iniciado en abril de este mismo año, cuando también se aprobó la obligatoriedad de que en el plazo de un año todos los locales de ocio del municipio contaran con limitadores acústicos. «No queremos machacar a nadie sino dar tranquilidad a nuestro municipio», apuntó la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas en rueda de prensa. Hasta el momento, estos establecimientos cuentan con estudios sonométricos propios que establecen un límite de ruido por encima de los 80 decibelios, según Ribas. «Los técnicos nos garantizan que si no pueden superar los 65 decibelios no habrá ruidos fuera del establecimiento», señaló la teniente de alcalde socialista.

Una vez aprobado definitivamente este cambio normativo –el jueves se debatirá su aprobación inicial– se dará un plazo de seis meses para que los beach clubs se adapten, por lo que ya estará en plena vigencia en la primavera de 2018.

El equipo de gobierno también quiere poner coto a las fiestas que se organizan en casas privadas y que en los últimos años son los acontecimientos que más molestias provocan entre los residentes y más quejas generan. Por esta razón, la nueva ordenanza tipifica como infracción grave incumplir el requerimiento de la Policía de parar la música, lo que supondrá una sanción de 12.000 euros.

Con estos cambios normativos, el equipo de gobierno pretende poder aplicar directamente las sanciones máximas que permite la Ley ante determinadas infracciones. En este sentido, se concretan mucho más las sanciones y las multas serán más elevadas para los que hagan más ruido.

Las faltas muy graves, que supone superar en más de 15 decibelios el límite establecido, se dividirán en tres tramos. Entre los 15 y 20 decibelios las multas irán entre los 15.000 y los 30.000 euros; entre 21 y 25 decibelios, las sanciones serán entre 30.001 y 50.000 euros; mientras que para más de 25 decibelios las multas estarán entre los 50.001 y los 300.000 euros. «Se trata de que el empresario sepa lo que se juega. No es lo mismo ir por una carretera a 120 km/h que a 200», explicó Ribas.

Otra de las novedades de la ordenanza es que ahora la Policía Local podrá precintar los equipos de música de los establecimientos que hayan manipulado su limitador acústico.

LA NOTA

La ordenanza incorpora un mapa de ruidos

A la ordenanza municipal de ruidos y vibraciones se incorporará una zonificación acústica del municipio, el llamado mapa de ruidos. Se trata de establecer el uso principal de todas las zonas del municipio y dividirlo en residencial, turístico e industrial estableciendo un máximo de decibelios autorizado.

«Se intentan establecer unos criterios que beneficien al más débil. Por ejemplo, siempre que haya un uso residencial principal debe primar sobre el turístico, aunque sea una zona donde haya algún hotel», explicó la primera teniente de alcalde, Paquita Ribas. Por otra parte, las zonas en suelo rústico se califican como residenciales, mientras que las que se encuentran en primera línea de mar y, por lo tanto, en zona de dominio público, tendrán la misma clasificación que el suelo en su parte posterior.