El Ministerio del Interior, a instancias de la Delegación de Gobierno en Balears, ha declinado la oferta del Ayuntamiento.

El Ministerio del Interior, a instancias de la Delegación de Gobierno de las Balears, ha rechazado las seis viviendas de propiedad municipal ubicadas en el barrio de sa Penya que el Ayuntamiento de Eivissa ofreció el pasado mes de abril para albergar a efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que vinieran de fuera de la isla.

Según señalaron desde el Consistorio, ayer recibieron una llamada telefónica de la subdirección general de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad del Ministerio del Interior en la que les comunicaron que los motivos para no aceptar estas viviendas eran que «no son adecuadas para la Policía Nacional y la Guardia Civil porque no reúnen las condiciones necesarias».

El alcalde de Vila, Rafa Ruiz, realizó este ofrecimiento a la delegada del Gobierno de Balears, María Salom, durante la última reunión de la Junta Local de Seguridad celebrada hace tres meses en el Ayuntamiento de Eivissa. Según recordaron ayer fuentes municipales, los servicios jurídicos del Consistorio y del Ministerio del Interior «estaban trabajando desde hacía meses en la elaboración de un convenio de cesión de estas viviendas» que finalmente ha sido descartado.

Cesión gratuita

Vila había pensado inicialmente que el convenio contemplara solo la cesión por un año pero, a instancias del Ministerio del Interior, se pidieron dos años para dar más estabilidad al convenio, que contemplaba la cesión gratuita de estas viviendas. Además, el Ayuntamiento había reservado una partida presupuestaria para llevar a cabo las obras de mejora y rehabilitación de las viviendas con el objetivo de «dejarlos en perfecto estado de revista».

Desde el Consistorio, valoraron «muy negativamente» la decisión de la Delegación de Gobierno porque «el objetivo de la cesión era para poder dar una respuesta rápida a los graves problemas de vivienda que sufren los cuerpos y fuerzas de seguridad destinados en la isla de Ibiza, lo que genera que no se disponga del número de efectivos necesarios, especialmente durante el verano». «Con todo, el Ayuntamiento de Eivissa seguirá trabajando y mostrando su colaboración con el resto de instituciones para mejorar tanto el refuerzo de las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como el resto del personal público», añadieron desde el Consistorio.

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Por su parte, el alcalde de Vila también manifestó su desacuerdo con la decisión de la Delegación de Gobierno a través de las redes sociales. Recordó que el Consistorio llevaba desde el mes de abril trabajando en el convenio de cesión de estas seis viviendas gratuitamente y sin ningún coste para el Ministerio. «Ahora nos dicen que no los quieren, mientras los funcionarios y el resto de la ciudadanía siguen con una inmensa dificultad para encontrar vivienda en Ibiza», lamentó.

LA NOTA

Un ‘parche' para los sindicatos

La reacción de los sindicatos policiales al conocer el ofrecimiento de estas viviendas en sa Penya fue calificar de «parche» esta medida, ya que, según señalaron, no solucionaba el problema de los efectivos policiales a la hora de conseguir casa en Ibiza.

Los seis pisos de sa Penya hubieran podido alojar a unos 18 agentes, aproximadamente la mitad del total de los efectivos de refuezo de verano, que suele estar compuesto por una treintena de agentes.

Además, al menos una de las viviendas estaba okupada por una familia.