Este periódico ha sondeado las intenciones de los cinco ayuntamientos, y sólo el dirigido por el popular Antoni Marí ‘Carraca' admite manejar dicha posibilidad. El alcalde de Sant Joan aseguró que el equipo de gobierno «no apuesta» por mezclar pisos turísticos y residenciales, pero puntualizó que «en sitios donde se ha hecho y funciona porque no causa problemas puede ser compatible».
«Excepcionalmente en algunos sitios como Portinatx podríamos estudiarlo, pero no es una decisión que hayamos cerrado», explicó ‘Carraca', quien argumentó que esta práctica «se ha venido haciendo desde siempre y no se puede demonizar». El primer edil de Sant Joan añadió que el municipio «tiene un modelo turístico diferenciado del resto» y apuntó que cualquier decisión en este sentido «siempre será consensuada al máximo con todos los grupos políticos». «Nos hemos reunido varias veces y nos seguiremos reuniendo para buscar un modelo turístico y territorial de acuerdo a las características de nuestro municipio con el objetivo de buscar la combinación perfecta entre el uso del suelo agrario y el turístico», subrayó ‘Carraca' en referencia a los alquileres vacacionales en casas de campo. Este tipo de oferta supone, según el edil popular, «un aliciente económico para los payeses que les hace sentirse orgullosos» y, en el municipio de Labritja, «permite dinamizar la agricultura y el turismo». «Si no damos un aliciente económico a los payeses, el paisaje se va a deteriorar. Hay que compatibilizar el uso turístico con el uso agrícola, aunque eso no quiere decir que vayamos a llenar el municipio de hoteles rurales o agroturismo», aclaró ‘Carraca'.
El resto, en contra
Sant Josep podría resultar otro municipio susceptible de zonificar bajo legalidad esta oferta en enclaves vacacionales como Platja d'en Bossa, Cala Vedella, Cala Tarida o Cala de Bou, entre otros. Sin embargo, el gobierno municipal dice haber dejado «bastante claro» desde que se inició el debate que este tipo de arrendamientos «no deben autorizarse».
Según esgrime su alcalde, Josep Marí Ribas Agustinet, «aunque hay zonas con mayor concentración de turismo [como las anteriormente citadas], están mezcladas con edificios residenciales y no creemos que sea compatible». El dirigente socialista, siguiendo el modelo del Ayuntamiento de Santa Eulària, asegura que la corporación incluirá una modificación en su normativa para prohibir la mezcla de usos residenciales y turísticos: «En las revisiones de normas que haremos esto quedará reflejado. Tenemos pendiente esta modificación después de la suspensión de licencias por un año para hoteles musicales y beach clubs. Ya dijimos que no queríamos esto y aprovecharemos para reflejar en las normas que los pisos turísticos no están permitidos. Así, cuando el Consell nos pida que nos pronunciemos, ya lo tendremos hecho», detalló.
Santa Eulària fue el primer municipio de Balears en prohibir esta mezcla de usos del suelo. Tal y como explicó el concejal de Urbanismo, Mariano Juan, su postura «radicalmente contraria» a los pisos turísticos ha quedado «refrendada» con el visto bueno de la Ciotupha a la modificación puntual de las Normas Subsidiarias del municipio. «La Modificación puntual se considera acertada, dado que desde un punto de vista urbanístico el uso de alquiler turístico vacacional en edificios plurifamiliares tiene implicaciones negativas en el contexto social y de convivencia urbana, que es adecuado corregir», argumentaba en su resolución la Comissió Insular d'Ordenació del Territori, Urbanisme i Patrimoni Historicoartístic. Mariano Juan añade que este tipo de oferta ilegal «afecta al modelo de convivencia y tranquilidad» del municipio. Además de querer preservar el turismo familiar, Santa Eulària rechaza la presencia de turistas en edificios plurifamiliares porque, según el regidor popular, «la burbuja del alquiler ilegal está impidiendo acceder a viviendas dignas a residentes y funcionarios».
Tampoco en los municipios de Vila y Sant Antoni contemplan autorizar los alquileres turísticos en edificios residenciales. Desde el Consistorio de Eivissa recuerdan que uno de sus principales reclamaciones durante el debate de la ley fue precisamente que los ayuntamientos «tuvieran la capacidad de prohibirlos». «El posicionamiento del equipo de gobierno ha sido siempre claro y el mismo: no queremos que haya alquiler turístico en la ciudad de Ibiza. Así lo hemos manifestado y nuestras reivindicaciones siempre han ido encaminadas a la prohibición», señaló un portavoz municipal. Desde Sant Antoni también aseguraron que «no hay intención de autorizar el alquiler turístico en plurifamiliares en ninguna zona del municipio» y que la posición del ejecutivo municipal en este sentido «no ha cambiado».
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