Hasta 65.000 euros de multa por una fiesta ilegal en Santa Eulària

La Policía Local de Santa Eulària paralizó una fiesta durante la madrugada del viernes al sábado y precintó unos generadores y equipos de música en una fiesta privada que se celebraba en una vivienda ubicada en la zona de Perella.
Según señaló el Consistorio en un comunicado, los propietarios o arrendatarios de la casa podrían enfrentarse a una multa de hasta 65.000 euros.
La actuación policial se produjo a la medianoche, cuando se recibieron varias llamadas de vecinos quejándose del ruido. Una vez localizada la vivienda, los agentes comprobaron que las emisiones superaban los niveles de ruido permitidos, por lo que solicitaron una sonometría cuyo resultado mostró unas emisiones sonoras de más de 25 decibelios por encima de los límites legales. Este hecho implicará la apertura de un expediente sancionador por una infracción muy grave de la Ordenanza Reguladora del Ruido y las Vibraciones, lo que puede suponer una sanción de hasta 65.000 euros.
El Ayuntamiento de Santa Eulària abrió además otro expediente sancionador a una vivienda situada en S'Estanyol y en la madrugada del viernes se interpusieron sanciones a otros tres locales del Puerto Deportivo por provocar molestias a los vecinos.
Por otra parte, el pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobará la próxima semana de forma definitiva la modificación de su ordenanza municipal reguladora del ruido y las vibraciones para fijar un protocolo que permita la declaración por parte del Consistorio de Zonas de Protección Acústica Especial, que, según la ley 1/2007 contra la contaminación acústica de Balears, son aquellas en las que “se produce un nivel sonoro alto debido al gran número de actividades recreativas, espectáculos o establecimientos públicos que hay; la actividad de personas que hacen uso de ellas; el ruido del tráfico, así como cualquier otra actividad, permanente, que incida en la saturación del nivel sonoro de la zona, aunque cada actividad considerada individualmente cumpla los niveles que se establecen en la ley”.
En el pleno se dará cuenta de la resolución por parte de los servicios jurídicos municipales de las alegaciones presentadas durante el periodo de exposición pública, iniciado tras la aprobación inicial de esta modificación en abril con los votos del equipo de gobierno. Tras su aprobación definitiva, la ordenanza podrá ser de aplicación en un plazo de 15 días naturales.
Las modificaciones planteadas afectan a los artículos 14 y 40 de la actual ordenanza con el objetivo de ofrecer un protocolo claro y garantías jurídicas a todos los actores implicados en el problema de la contaminación acústica, vecinos, empresarios y Consistorio.