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El albergue pirata situado en la bahía de Sant Antoni, donde viven hacinadas y bajo vigilancia más de un centenar de personas, recibió entre 2002 y 2004 hasta cinco inspecciones que terminaron con dos órdenes de precinto tras detectarse obras ilegales por valor de 300.000 euros. Sin embargo, los decretos «quedaron en nada», según explicó ayer en sesión plenaria el concejal de Urbanismo de Sant Antoni, Juanjo Ferrer, en respuesta a una moción de control presentada por la oposición en referencia a las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento contra el dueño de esta mansión de casi 900 metros cuadrados.

«Ha habido cierta connivencia durante años en este asunto, por eso el dueño aparece tan tranquilo en los reportajes de televisión», insistió Ferrer, quien aseguró que ahora «no se dejará en la calle» a los más de 100 «trabajadores y familias» que viven en el chalé patera.

José Sala, portavoz del grupo popular y exalcalde del municipio entre 2003 y 2011, aseguró que «nunca» tuvo conocimiento de que en el inmueble «hubiera más gente de la autorizada viviendo», y solicitó al equipo de gobierno que, con ayuda de otras administraciones, busque una «alternativa habitacional» para los inquilinos por el «riesgo de salubridad y de seguridad» en el que se encuentran, según indicó.

Ferrer informó de que el expediente por infracción urbanística abierto en el mes de febrero puede acabar con una multa «como mínimo tan grande como lo que él ha declarado en prensa que gana» con su actividad, y que asciende a unos 260.000 euros por temporada.

El titular de Urbanismo insistió en que el Ayuntamiento va a ser «todo lo contundente que la normativa nos permita ser», pero al mismo tiempo «intentando dar un tiempo a que la gente pueda buscarse una salida». «El procedimiento administrativo está en marcha. Hay un periodo en que él [Agustín Sales] puede intentar legalizarlo o demolerlo, y el ayuntamiento puede obligarlo a tirarlo y suspender la actividad que pueda haber ilegal», aseguró el edil del Pi.

Asimismo, Ferrer explicó que la Agencia Tributaria ha solicitado información al Ayuntamiento sobre la situación de la vivienda y su número de inquilinos para determinar «si lo tiene todo declarado». Por último, prefirió no desvelar qué otras actuaciones están preparando junto al Consell d'Eivissa para tratar de detener esta actividad.

Rotación de vehículos

El grupo popular también preguntó por el nuevo sistema de rotación gratuito de vehículos que sustituirá a la zona azul y cuya puesta en marcha anunció el equipo de gobierno para el pasado mes de febrero. El concejal Francisco Tienda lamentó el retraso en su aplicación y lo achacó a la aparición «de debajo de las piedras» de una ordenanza reguladora de la zona azul que ahora debe ser modificada. La corporación aprobó por unanimidad la tramitación de urgencia de esta modificación y, con la abstención del PP, salió adelante su aprobación inicial. Tienda confía en que el nuevo sistema entre en funcionamiento este verano, pero no pudo garantizarlo.

Por otra parte, la oposición presentó una moción de control sobre el concurso público pendiente para la adjudicación del servicio de abastecimiento de agua y de alcantarillado, que el equipo de gobierno pretende «mancomunar» con el municipio de Vila. El PP mostró su oposición a esta medida y preguntó al equipo de gobierno qué pasará si después de gastar 50.000 euros en el servicio de asistencia técnica y jurídica para su creación finalmente se acaba renunciando a ella. José Tur Cires explicó que más que un gasto «es una inversión» y aseguró que «sería deseable» que fuera el Consell d'Eivissa el que «tuviera la iniciativa para que todos los ayuntamientos mancomunaran el servicio».

LA NOTA

Multas de hasta 3.000 euros por violencia en recintos deportivos

El pleno del Ayuntamiento de Sant Antoni aprobó de forma inicial la primera Ordenanza reguladora de la utilización de las instalaciones deportivas municipales. La normativa penará con multas de 250 a 3.000 euros las actitudes violentas o de desprecio y prohibe fumar en los recintos deportivos y anexos. También prohibe el consumo y tenencia de bebidas alcohólicas en todos esos lugares. El pleno también aprobó una declaración institucional sobre la política estatal de acogida de refugiados y una moción para apoyar el manifiesto ‘Por la reforma del sistema de financiación'.

«Esto es como una prisión; te vigilan y a la mínima te echan y se quedan la fianza»

Unas 100 personas viven hacinadas y bajo vigilancia en un albergue pirata en Sant Antoni