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Minutos antes de las 8 de la mañana una decena de vecinos tomaban posición delante de las casetas varadero de Porroig que pretendían salvar in extremis. Con el paso de los minutos se reunían en la zona una veintena de vecinos y también llegaban los operarios que desde el pasado 28 de abril habían acotado y preparado los trabajos para la demolición y limpieza de media docena de casetas.

Apenas 14 horas antes, Jesús Pérez, amo de una de las casetas, había logrado frenar el trabajo de la piqueta y de los operarios. Ayer por la mañana, Jesús contaba con el respaldo de familiares, vecinos y amigos. Hasta el escenario de las actuaciones también se acercó el representante de Alternativa Insular, Vicent Torres.

En la zona también habían hecho acto de presencia varias patrullas de la Guardia Civil, dos agentes de la Policía Local de Sant Josep y una celadora de Costas. La expectación mediática iba creciendo con el paso de las horas y todos los presentes estaban pendientes sobre la decisión final, aunque unos y otros barruntaban que no había marcha atrás.

La demolición

Jesús Pérez y otros vecinos presentes trataron de frenar la demolición hasta el último momento, pero minutos antes del mediodía el operario que pilotaba la excavadora empezó a tumbar el techo de la caseta de Jesús, el varadero que salió prácticamente indemne del deslizamiento de tierra ocurrido en febrero y que sepultó bajo los escombros las dos casetas que la flanqueaban.

A partir de ese momento los acontecimientos se sucedieron. Pérez, quien la tarde del lunes reclamó la presencia de la Guardia Civil, era ahora el que recibía una denuncia por parte de Costas. «Me han dicho que me denuncian por el uso y disfrute de una zona de costa. No lo entiendo. Tengo la caseta desde hace más de 20 años y hasta ahora no había habido ningún problema. Voy a denunciar y reclamaré por daños y perjuicios», subrayó Pérez, quien advirtió que hay más de mil casetas varadero en la misma situación que la suya.

Jesús Pérez lamentó que las obras de demolición se hayan llevado a cabo sin avisar y sin dejar margen de reacción a los dueños de las cinco casetas que han sido derribadas. «Estoy muy indignado y tenemos muchas rabia porque han entrado a las bravas. Costas no tiene ningún proyecto más allá de quitarnos nuestra caseta. Los operarios son de una subcontrata y ni ellos saben lo que van a hacer después», lamentó Pérez, quien denunció que el desprendimiento no se debió al temporal, sino que el origen está «en las obras y humedades que generan las residencias» que se alzan justo encima de la casetas varadero que ayer fueron derribadas.

Desde Costas explicaron que los trabajos empezaron el 28 de abril con la retirada del fibrocemento del tejado de cuatro de las cinco casetas afectadas. La semana pasada se quitaron las puertas de madera de las casetas y los plásticos, mientras que ayer empezó la demolición. Una vez concluida, se acondicionará el talud «eliminando el riesgo actual» del acantilado, precisaron desde la Demarcación de Costas. Cuando concluyan los trabajos instalarán una barandilla en la parte superior del acantilado para «evitar el riesgo de caída de los transeúntes». El presupuesto de toda esta actuación es de 147.700 euros.

LA NOTA

Sant Josep reclamó la paralización

La noticia del derribo avanzada por PERIÓDICO de IBIZA Y FORMENTERA generó una serie de reacciones. El Ayuntamiento reclamó al Gobierno central que parase la demolición y que actúe ante los intentos de privatización de la costa. El alcalde Josep Marí Ribas aseguró que ni el Ayuntamiento ni los afectados habían sido avisados por Medio Ambiente y reclamó una reunión urgente con el nuevo delegado de Costas, Carlos Simarro. Por su parte, el grupo popular municipal duda de las palabras de ‘Agustinet' y advierte que podría haber sido el Ayuntamiento el que impulsó la demolición al solicitar unas ayudas.

LA NOTA

Costas abrió las puertas a la legalización

En septiembre de 2014, tras años de negociaciones, demarcación de Costas, ayuntamientos, Consell d'Eivissa y la Asociación en Defensa de las Casetas Varadero alcanzaron un acuerdo para proceder a la legalización de todos los varaderos. Se marcó un plazo de tres años. Según los cálculos realizados, en la isla había entre 1.000 y 1.500 casetas de pescadores. Cerca de un centenar fueron legalizadas a través de la declaración de Bien de Interés Cultural, pero la inmensa mayoría debían solicitar su legalización e inscripción en el registro de la propiedad para obtener una concesión por 50 años.

Concentración en Porroig contra el derribo de las casetas varadero

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