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Los inquilinos de los apartamentos Ses Roques, en Cala Llonga, llevan sin los servicios de luz ni agua desde el miércoles por la mañana por un corte del suministro eléctrico «sin previo aviso». Las 28 familias que residen en el inmueble están pendientes de desahucio tras la «estafa» del exadministrador del edificio, Antonio Borregón, que les alquiló los pisos cuando mantenía un litigio con los herederos legales de la propietaria del bloque de apartamentos. Tras el fallecimiento de la propietaria, sus herederos reclamaron sus derechos y desde entonces se han anulado tres órdenes de lanzamiento, las dos primeras en septiembre y noviembre de 2016 y la última en febrero de este año.

La mayoría de los inquilinos llevan relativamente poco tiempo en el edificio y ahora se encuentran en una situación «límite» tras el corte de luz. «No tenemos donde ir, hay niños, y no podemos ni ducharnos ni cocinar y estamos perdiendo la comida de la nevera», lamentó Vicente Pérez, que denunció la «falta de ayuda» para solventar esta situación. Explica que él y su mujer, con una hija, tienen trabajo fijo pero no encuentran vivienda en Ibiza por lo que teme que tendrán que volver a su tierra, Jaén. Según explicó, al igual que otros vecinos tiene pagado hasta el mes de abril, por lo que no entienden el corte de luz. «Al menos que hubieran esperado al día del juicio o a que nos fuéramos. Estamos dispuestos a pagar la luz pero tampoco nos dejan», aseguró Pérez.

Algunos, como Fernando y su mujer, ambos con trabajo, se han visto con la obligación de abandonar la isla por falta de vivienda. Ayer cogían un barco a Mallorca donde les acogía un familiar. En cambio Carolina Galdeano no quiere abandonar la isla porque «tenemos la vida aquí» y exigió que dieran soluciones y que «se utilicen los pisos de protección oficial que hay vacíos para emergencias como esta».

Los vecinos recordaron que están pendientes del juicio que se tiene que celebrar el 25 de abril, en el que se decide el día del desalojo. Entienden que el corte de luz se ha producido porque Borregón, que abandonó el piso en febrero tras el alzamiento judicial de su vivienda, ha dado de baja del servicio, que estaba a su nombre.

«Nos han estafado», denunció la ibicenca Marina Marín, que recordó que pagaban 600 euros, con agua y luz incluida. En su caso, su marido y su hija de dos años, pueden acudir a casa de su padre a ducharse y preparar la comida «pero es un piso muy pequeño y no cabemos». «Nos quieren echar de aquí, pero ahora está imposible encontrar un piso, nos piden mucho dinero», lamentó.

Desde el Ayuntamiento de Santa Eulària apuntaron que no pueden solucionar el tema de la luz y que desde los servicios sociales se estudiará cada caso para intentar ayudar a las familias que residen en estos apartamentos.

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