La juez de la sala de lo Penal número 1 de Ibiza, Clara Ramírez de Arellano, dejó ayer visto para sentencia el juicio contra cuatro acusados que se enfrentan a una petición fiscal de 2 años de prisión por un delito contra la ordenación del territorio. El motivo: transformaron el porche de una finca en un apartamento de 54 metros cuadrados a escasos ocho metros de la playa y en una zona de especial protección.
Los hechos juzgados se remontan al periodo 2006-2007. Ayer, en la banqueta de acusados se sentaron Mercedes.V., vecina de Barcelona y propietaria de la finca donde llevaron a cabo las obras; su hijo Juan S., y dos vecinos de Sant Joan, uno se encargaba del mantenimiento de la vivienda localizada en la Vènda des Niu des Corbs, en Sant Joan, y Joan M., el constructor que realizó las obras.
Según el escrito de acusación, los dueños de la parcela de 4.250 metros cuadrados realizaron unas obras sin las licencias oportunas que tenían por finalidad convertir un porche de 33 metros en una zona cerrada con barbacoa, una pérgola, trastero y ducha, entre otros elementos.
La propietaria de la finca apuntó ante el tribunal que todas las obras «eran cosa» de su hijo. «Nosostros veníamos sólo en verano. A mi hijo le hacía ilusión arreglarlo para sus hijos y yo me limitaba a pagar», apuntó la acusada, quien aseguró desconocer que su propiedad está en un Área Rural de Interés Paisajístico (ARIP) , así como que Demarcación de Costas le hizo dos expedientes sancionadores. La acusada, que sólo contestó a preguntas de su abogado, descargó toda la responsabilidad en su hijo Juan, quien contactó con los arquitectos y los constructores. «Llevo diez años sin entrar en aquella casa porque mi hijo cambió la cerradura y metió allí a unas personas», lamentó.
Por su parte, el hijo de la propietaria, negó «categóricamente» todas las acusaciones y aseguró no entender porqué su madre mantenía es actitud. «Había un proyecto de reforma pero no se hizo», señaló en reiteradas ocasiones el acusado , a pesar de que las pruebas fotográficas mostraban las obras de reforma ejecutadas en la vivienda. Sí reconoció que «se metió hormigón para hacer un muro de contención».
Los otros dos acusados son el constructor y el vecino de Sant Joan que cuidaba la finca. Su defensa solicitó la libre absolución ya que no estaba cualificado para llevar a cabo los actos que le imputan.
2 comentarios
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El consell rapidamente lleva a juicio las construcciones sin licencia. Pero dicho esto tambien hay que decir que especialmente a San Juan se la está puteando en el PTE y hay mucha gente con Licencias legales, sin poder iniciar sus casas. Creo que este problema entre políticos no puede seguir así. La gente no tiene que pagar las consecuencias entre ellos.
se tira abajo los metros sin licencia a cargo del listo de turno y multaca al canto.