El Govern sabía al asumir la desaladora de Santa Eulària que podría pagar el sobrecoste de la obra, que supera los 26 millones de euros. El acuerdo del pasado 11 de mayo, firmado por el Ministerio de Medio Ambiente y el Govern, establece en su punto número 3 lo siguiente : «Sin perjuicio de la suscripción del presente instrumento e independiente de él, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se reserva el ejercicio de los derechos y acciones que le puedan corresponder frente a la Administración de las Islas Baleares de acuerdo con la legislación vigente, como consecuencia de los costes y pagos realizados por su parte, que se han derivado de la resolución y liquidación del contrato de concesión de proyecto, obra y explotación de la desaladora de Santa Eulalia y que han sido exigidos por el concesionario». Este punto contradice la versión oficial del Govern, que aseguró hace pocas semanas que había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para que la Administración central abonase el pago del sobrecoste de la obra. Cuando Madrid anunció que iba a cobrarse este dinero de Balears, Armengol y su conseller de Medi Ambient montaron en cólera. El propio Vicenç Vidal aseguró que la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, se había comprometido a desbloquear la puesta en marcha de la desaladora. Y así fue, pero a cambio el convenio establecía que el Govern tendría que pagar la diferencia entre lo presupuestado inicialmente y el coste final. También un informe del Consejo de Estado se pronunció en los mismos términos. Aunque el punto número tres del convenio deja poco lugar para la duda, la directora general de Recursos Hídricos firmó el acuerdo. Había prisas. Ocurre lo mismo con la planta de Ciutadella, que supondrán 20,2 millones. El conseller Vidal ha anunciado que irá a los tribunales para evitar el pago de lo que ahora reclama el Ministerio de Medio Ambiente.

EL APUNTE

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Torres acusó al Ministerio de «engañar a los ciudadanos»

El presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ha dirigido una protesta formal al Gobierno central «por engañar a toda la ciudadanía», dijo, con la reclamación del coste de la desaladora de Santa Eulària. Sin embargo, el documento que aparece en esta página no deja lugar a dudas. El Govern sabía que Madrid podría exigir el sobrecoste de la planta, que estaba acabada y paralizada desde 2011 precisamente porque el anterior Govern no quiso asumir la obra.

Torres está convencido de que la ministra «ha engañado a todo el pueblo» cuando anunció que asumiría el sobrecoste. En realidad, el Ministerio de Medio Ambiente lo que hizo fue traspasar la infraestructura al Govern, pero sin pagar la factura.