«No tengo nada. Estoy privada de libertad física. Estoy muerta política, económica y socialmente». María Antònia Munar, admitió entre lágrimas que existió el pago de cuatro millones de euros a cambio de la adjudicación de la finca de Can Domenge a Sacresa. La expresidenta del Consell reconoció ayer por primera vez este delito y pidió perdón en su declaración: «Confieso que hubo un cohecho y estoy muy arrepentida por lo que he hecho». Entre lágrimas afirmó que no ha podido confesar hasta ahora, a pesar de que hace un año dice que tomó la decisión de colaborar con la justicia. Ahí se encaró con el fiscal, Juan Carrau: «Pensé que podía llegar como muchos políticos a un acuerdo, pero mi abogado me dijo que usted no quería», dijo primero a preguntas del fiscal. Más tarde, a las de su letrado profundizó en esa idea: «Ya en 2014 intenté llegar a un acuerdo. Se me dijo que no era posible un acuerdo global y que había que ir caso por caso».
Munar señaló en su declaración que, ahora mismo, no tiene ningún patrimonio después de que le fuera embargado para pagar los 12 millones de responsabilidad civil por la venta de Can Domenge. Cumple penas que suman once años y medio de prisión y ya aceptó una conformidad en un juicio anterior, en el que recibió una multa.
La expresidenta del Consell era la única de los cinco acusados por el soborno de Can Domenge que aún no había confesado. Lo hizo el domingo, cuando su abogado, José Antonio Choclán, registró un escrito ante la Audiencia. Aceptaba que los hechos ocurrieron tal y como los describía la Fiscalía. Sin embargo, la defensa plantea que se aplique a Munar tres atenuantes: uno por confesar ahora los hechos, otro por haber consignado 160.000 euros como devolución del soborno y un tercero, en este caso muy cualificado, por retrasos en la causa. El jurado tendrá que pronunciarse sólo sobre si cabe aplicar alguna de estas circunstancias para rebajar la petición de cárcel de cuatro años que formula el fiscal.
La confesión que se presentó por escrito quedó refrendada en la declaración de Munar en el juicio. Admitió que existió ese pago pero no quiso entrar en más detalles. Antes que ella había confesado el empresario Román Sanahuja, quien también admitió los pagos: «No he sido yo el único y además era algo frecuente. Hice mal. No tenía que haber entrado en ese juego», manifestó, además de dejar claro que ha perdido mucho dinero con la operación.
Miquel Nadal negó que él estuviera en la negociación del pago, pero admite que se benefició de ello. Según dijo, recibió 450.000 euros que destinó a su campaña a la Alcaldía de Palma en 2007. Su defensa planteará a la magistrada que le imponga una pena más baja que el año y ocho meses que reclama el fiscal.
El contrapunto fue la versión de Miquel Llinàs ‘Cameta', el intermediario de la operación. Relató como, en dos ocasiones, Bartomeu Vicens le llamó a su despacho y le pidió el favor de recoger unos documentos. Por teléfono le citaron, una vez en un bar del Pont d'Inca y otra en el Paseo Marítimo de Palma. En ambas ocasiones, le dieron paquetes atados con cinta adhesiva. No los abrió y se los llevó directamente a Vicens en el Consell. A cambio, recibió un sobre con 35.000 euros que, asegura que ni siquiera lo llegó a ingresar.
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