El Tribunal Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca celebró ayer la vista del juicio contra la propiedad de Casa Lola tras casi seis años desde el inicio, por parte del Ayuntamiento de Sant Josep, del expediente de disciplina urbanística 17/2010.
Este expediente se inició en 2010, cuando un celador municipal constató la existencia de unas obras que se ejecutaban sin licencia. Concretamente, eran obras de reforma, ampliaciones y nuevas edificaciones, señalaron fuentes municipales.
El alcalde de Sant Josep, Josep Marí Ribas ‘Agustinet', expresó ayer un «sentimiento agridulce» por el comienzo ahora del juicio contra la propiedad de Casa Lola y lamentó que «la lentitud en la Justicia ha provocado entre los vecinos la sensación de que no se actúa desde las administraciones. Llega un momento en que el Ayuntamiento no puede hacer nada más y es el poder judicial quien debe actuar», señaló el primer edil en un comunicado.
El Ayuntamiento, según recordó, resolvió el expediente con una orden de demolición de las obras ilegales, aunque la propiedad solicitó la suspensión de la demolición como medida cautelar a la espera de una sentencia firme por parte del juez.
La suspensión fue concedida y, seis años después, se ha celebrado la vista en el Juzgado de Palma.
La propietaria de Casa Lola, F.S.O., y su hija, R.M., declararon este martes por videoconferencia y se limitaron a responder con un «no lo sé» a todas las preguntas del abogado municipal.
Resolución
Según informaron desde el Ayuntamiento de Sant Josep, ahora los abogados de la defensa y la acusación deberán enviar sus conclusiones al juez, que deberá dictar sentencia y dar validez o no a la orden de demolición.
Desde el consistorio han explicado que en 2013 se resolvió otro expediente de disciplina urbanística contra la propiedad, ya que continuaron las obras ilegales.
Dicho expediente, resuelto en otra orden de demolición, derivó en otro contencioso que tramita el mismo juzgado.
Entonces, la propiedad de Casa Lola rompió el precinto y siguió con las obras, una infracción que implica un juicio penal, que en esta ocasión se sigue en el juzgado de Instrucción de Eivissa.
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