En uno de esos controles, tal y como han explicado, los agentes iban acompañando a inspectores de Transportes del Govern. Los supuestos infractores fueron sorprendidos transportando turistas en su vehículo o en el momento en el que ofrecían un servicio de transporte ilegal. En dos ocasiones se retiraron los vehículos utilizados ya que eran particulares. En el resto de casos, según han dicho, no fue posible puesto que eran de alquiler o simplemente se había ofrecido el servicio, sin hacerse efectivo el transporte.
Los infractores se enfrentan a sanciones que van de los 6.000 a los 12.000 euros. En uno de los casos por lo menos, la persona denunciada es reincidente, por lo que la multa será superior a los 9.000 euros.
La primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, ha destacado que combatir los taxis pirata es «una prioridad» del Ayuntamiento, tanto por la competencia desleal que suponen, como por la peligrosidad que implica usar este servicio ilegal.
Asimismo, ha reconocido que combatir la problemática es algo «complejo» porque «al instruir la denuncia es necesario obtener una declaración firmada por los usuarios explicando que se les ha ofrecido el servicio y además la legislación vigente no permite a los ayuntamientos inmovilizar los vehículos de alquiler», ha dicho.
«Las unidades de paisano están haciendo un trabajo muy bueno en la zona del Aeropuerto, que es donde tenemos el principal foco de nuestro municipio de transporte ilegal. Se han hecho controles en diferentes horas y, de momento, ya tenemos datos y se continuará todo el verano. Nos gustaría ser más efectivos y más contundentes en este tema, pero estamos marcados por una ley balear que de momento no nos deja hacer mucho más de lo que hacemos ahora. Si conseguimos que la ley se modifique, y estamos trabajando en ello, seguramente podremos llegar más a fondo del problema», ha concluido.
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