«Si no hubiéramos ayudado a la gente de sa Penya estarían acampados en s'Alamera»

—Con la que está cayendo a nivel nacional e insular, ¿se atreve a vaticinar cuánto tiempo se mantendrá el pacto entre PSOE y Guanyem en el Consell d'Eivissa?
—No lo sé. Sé que el pacto entre PSOE y Guanyem en el Ayuntamiento de Vila durará hasta el final y esperamos que cuatro años más. Lo que más me molesta es ver que hay gente en la política que no piensa en hacer cosas ahora sino en que lo vuelvan a elegir la próxima legislatura y esa no es la manera. Hay que coger el toro por los cuernos y tomar decisiones.

—Sus compañeros de filas han criticado la buena sintonía que mantiene con el PSOE de Rafa Ruiz en el ayuntamiento y el apoyo que le brinda en los asuntos más espinosos.
—El mundo perfecto no existe y el mundo de los políticos de tertulia no es la realidad. La política es un tira y afloja en el que hay que llegar a una solución. No se puede paralizar todo por que no sea al cien por cien como tú quieres que sea.

—¿Entiende entonces que critiquen el apoyo a la reforma del puerto con la que no estaban de acuerdo antes de entrar en el gobierno?
—Entiendo que haya gente a la que no le guste pero el que tenía que encontrar un camino era yo. La gente de izquierdas tenemos el defecto de pensar que defendemos verdades y absolutas y de no querer bajarnos del burro, pero la vida no es así. Las cosas evolucionan y yo no había jurado nada encima de una Biblia. Creo que fue la mejor postura para encontrar una solución a un asunto encallado.

—La cara visible del gobierno municipal en los desalojos de sa Penya ha sido el concejal de Patrimoni, Pep Tur. ¿Le ha molestado estar en un segundo plano en un problema de alto contenido social?
—En absoluto. Fue una decisión consensuada para que hubiera un solo portavoz. Además, yo siempre hago el mismo chiste. La próxima legislatura me pediré Presas y Pantanos para poder inaugurar cosas. En Benestar Social, la noticia es que no haya noticia y siempre tengo que ir con pies de plomo porque cualquier cosa que diga se puede malinterpretar. El día que dije que estábamos trabajando para desafectar los tres pisos de emergencia social de Dalt Vila ya teníamos cola de gente para apuntarse a la lista de espera.

—¿Cómo valora la operación policial en sa Penya y los posteriores intentos de ocupar las casas apenas una semana después?
—Lo de sa Penya ha salido muy bien pero todavía nos queda mucho por trabajar. Los intentos de ocupación eran de esperar pero también es cierto que cada vez el núcleo conflictivo es más pequeño. Pienso incluso que los que intentan volver a ocupar las casas es gente que no vivía allí antes.

—¿Cuánto dinero se ha gastado el ayuntamiento en las ayudas a las familias desalojadas?
—El proceso todavía no ha acabado. Todas las ayudas han ido ligadas a un plan de trabajo con cada familia. Hemos hecho un contrato en el que, a cambio de ayudas para el suministro, cada familia se compromete a pagar el alquiler, llevar a sus hijos al colegio y acudir regularmente a los Servicios Sociales. El importe que hemos gastado lo podremos decir cuando acabe el año. Ahora todavía hay gente a la que estamos pagando alojamiento en pensiones antes de irse a los pisos de Mallorca que se están arreglando.

—¿Entiende que los ciudadanos critiquen que se subvencione a gente que está ocupando ilegalmente una propiedad municipal?
—La gente tiene que pensar que hemos dado las ayudas en beneficio de todo el conjunto del municipio. Hemos intentado arreglar un problema y nos ha costado un dinero que recibirán unas personas que, posiblemente no se lo merezcan tanto como otras, pero que han seguido un proceso en los Servicios Sociales del ayuntamiento. Las personas que hemos descubierto que tenían bienes o dinero no han recibido ayudas. La mayoría de las familias de sa Penya tienen derecho a que se les ayude si lo necesitan porque son ciudadanos del municipio. Si son narcotraficantes o no, los que tienen que actuar son los jueces o la Policía. La gente podría que pensar un poco más allá y el problema que tendríamos ahora si no les hubiéramos ayudado. ¿Dónde estaría esta gente? Estarían acampados en s'Alamera y tendríamos un problema más grande todavía.

—Entonces, ¿confía en que la situación en sa Penya se arregle y que se cansen de intentar volver a ocupar las casas?
—Será una batalla que requerirá tiempo y aguante. Aunque, sinceramente, pensaba que sería más difícil y encontraríamos más resistencia. El último día había familias que decían que no iban a negociar y al final negociaron. Había mucha gente de sa Penya que tenía muchas ganas de irse pero estaban en un círculo muy cerrado de tribu y les costaba salir. Muchos ni siquiera han querido ayudas y han aprovechado la ocasión para huir de allí. Toda esa gente tiene hijos pequeños y también quieren lo mejor para ellos y no quieren que vivan así.

—¿Cree que se podrá recuperar sa Penya para la ciudadanía?
—Estamos intentando recuperar un barrio histórico. Cuando pacté con Rafa Ruiz le dije que el máximo problema que teníamos era sa Penya y que si lo arreglábamos pasaríamos a la historia. Hemos dedicado muchos esfuerzos y espero que esto acabe bien. Yo entré el día después de los desalojos y estaba contentísimo porque hacía cuarenta años que no subía a aquella esquina que es una parte de mi ciudad.

—Los desalojos también han provocado un cruce de declaraciones entre ayuntamiento y Consell sobre los pisos sociales que cada institución tiene a su disposición. ¿Qué opinión le merece esta polémica?
—Con Lydia Jurado (consellera insular de Benestar Social) me llevo muy bien y creo que es una persona muy válida. Creo que está intentando hacer un buen trabajo. No quiero crear polémica. Nosotros pedimos ayuda, nos dieron hasta donde quisieron. El Consell nos dio una subvención pero no nos dio pisos.

—¿El Ayuntamiento ya puede utilizar las 3 viviendas del Ibavi de Dalt Vila para personas en situación de emergencia?
—Todo lo de sa Penya nos ha obligado a aparcar otros asuntos porque todos los recursos los hemos destinado a ellos. Los juristas están haciendo el protocolo para poder ceder los pisos porque son públicos. Yo quiero que el mes que viene formen parte de la red de recursos. Estos pisos servirán para ayudar a gente que tenía una vida normalizada y que, por algún problema, se cayó en un pozo. No son gente en exclusión social y ponerlos en el mismo saco no es bueno porque los hundes más. Con estos pisos los ayudaremos durante seis meses para que puedan volver a levantar cabeza.

—¿Cuál es el principal objetivo que se ha marcado para el próximo año desde Benestar Social?
— Acabar de construir una red de servicios sociales para dar un tratamiento más adecuado a las personas que lo necesiten. Tenemos los mejores servicios sociales de la isla pero queremos que sean mejores y se pierda cada vez más el concepto de beneficencia y gane, a cambio, el concepto de derecho social. Es mi reto. La falta de vivienda también es terrible. Y si no se conciencia todos los sectores no se podrá hacer nada. De hecho, a algunos no les interesa.

EL DETALLE

«Los hoteleros podrían habilitar una nave industrial para temporeros»

—Desde el ayuntamiento, ¿tienen previsto hacer algo sobre la falta de vivienda de las personas que vienen a trabajar en temporada?

—Es un problema insular. La Mesa de Exclusión que organiza Cáritas intentó implicar a los hoteleros porque tienen que asumir el alojamiento de sus trabajadores, como se hacía antiguamente. Si los abocas al mercado de alquiler, la alta demanda hace subir mucho los precios y limitas que los residentes consigan pisos para todo el año. Yo propuse que, tal como se hace en otros lugares en la recogida de la fresa o la uva, hacer una especie de albergues de temporeros. Los hoteleros tendrían que buscar una nave industrial, habilitarla para trabajadores que vienen a trabajar para que, por un precio bajo, tengan una cama y una taquilla donde guardar las cosas y ducha. De no ser así, creo que los que lo acabarán sufriendo son los mismos hoteleros, porque la gente acabará no viniendo a trabajar aquí.