Vila insiste a las familias sa Penya que deben abandonar las casas ocupadas

El concejal de Patrimonio, Pep Tur, ha comunicado esta decisión del consistorio a los portavoces de las 17 familias que serán desalojadas, con ocasión de la reunión que ha tenido lugar con los representantes de la familias, Anastasio García y Sebastián Cortés Navarro, y a la que también ha asistido el alcalde, Rafa Ruiz.

En el encuentro, en el que también ha estado el edil de Bienestar Social, Joan Ribas, se ha reiterado a los vecinos el trabajo que están realizando los servicios sociales para darles opciones al inminente desalojo.

El operativo de desalojo se llevará a cabo sobre 19 viviendas y afectará a 35 adultos y 15 menores, aunque puede haber variaciones de "una o dos personas" ya que se trata de una población "muy fluctuante", según ha señalado Tur.

"De hecho, en los últimos hemos encontrado a dos hombres que han estado ocupando este bloque y que ya están siendo atendidos por Bienestar Social", ha añadido el edil.

Entre las soluciones que Bienestar Social ofrece a los afectados se encuentran ayudas temporales para el pago de alquileres y facilidades para realizar la mudanza. También se plantea el traslado a casas de familiares o de amigos, ya sea fuera o dentro de la isla, así como ayudas con los gastos para que se puedan reubicar en otros lugares.

El edil ha comentado que también se está mirando "posibilidades habitacionales fuera de Vila", si bien "en ningún momento se está obligando a nadie a aceptar nada".

"La decisión final será siempre de los afectados por los desalojos, no puede ser nuestra de ninguna de las maneras", ha asegurado Tur en referencia a una posibilidad de traslado a Mallorca.

Tras la operación de desalojo se realizarán intervenciones para dejar inhabitables las viviendas mediante el tapiado y la reducción a escombros de los interiores.

En una segunda fase se desalojarán las viviendas que fueron ocupadas durante el retraso de la tramitación de esta primeros lanzamientos.

La segunda operación está a la espera de sentencia y afectará a siete viviendas, donde se han instalado seis familias compuestas por 12 adultos y 6 menores, que también reciben atención de Bienestar Social.