La aprobación inicial por parte del Ayuntamiento de Sant Antoni de la ordenanza municipal reguladora de venta ambulante desató ayer las protestas de los artesanos del tradicional mercadillo estival del Passeig de ses Fonts. Alrededor de una docena de afectados se dieron cita en el pleno que la corporación celebró ayer para manifestar su total rechazo al traslado previsto en la nueva normativa de los puestos de artesanía a la plaza de s'Era d'en Manyà, lo que según los artesanos supone «un castigo» para el sector y abocará «al paro» a las 30 familias de unos trabajadores que, en su mayoría, superan los 50 años de edad.

El nuevo documento regulador, que ahora pasará a exposición pública durante 30 días para la presentación de alegaciones, responde según la regidora de Cultura y Comercio, Cristina Ribas, «a una demanda de buena parte de los ciudadanos de Sant Antoni desde hace años» y a la obligación del consistorio a adaptar sus normativas a la Ley de Comercio de Balears, aprobada en 2014.

Entre los cambios que prevé la ordenanza destaca el traslado del mercadillo ‘hippie' a una plaza ubicada en el interior de la localidad, «muy degradada» y «donde no subirán los turistas», según los artesanos. «Ya hemos estado y no funciona», lamentaron. Sólo los viernes por la tarde, durante los meses de verano, se mantendrá un mercado 100% artesanal en el Passeig de ses Fonts, según la nueva ordenanza.

Los representantes del colectivo criticaron, además, la falta de comunicación por parte del consistorio por no haber sido consultados ni tampoco informados sobre los cambios previstos.

La regidora municipal, que atendió el día anterior a parte de los afectados, recordó que «el pequeño comercio se sentía agraviado ante los que ocupaban suelo público» y manifestó la voluntad del equipo de gobierno de «tener un paseo marítimo diáfano, sin obstáculos» y «dinamizar el interior del pueblo». «Esto no es un castigo», reiteró ante la respuesta airada de los asistentes, que contaron con el respaldo del grupo municipal popular pese a su abstención durante la votación sobre la ordenanza municipal.

Reinvindicación

«Dejan a 30 familias de autónomos en la calle. El mercado tiene que estar en la primera línea del pueblo, como pasa en Eivissa y Santa Eulària. Nuestro trabajo es solo de seis meses, en la calle, haga frío o calor, montando y desmontando, con horarios muy reducidos (de 18,00 a 01,00) y pagando nuestros impuestos. ¿Les parece tener a 30 familias más en el paro de larga duración? Si lo que queréis es acabar con nosotros, vais por el buen camino», argumentó en el turno de palabra del público uno de los portavoces de este colectivo.

De poco sirvió que el alcalde, José Tur ‘Cires', admitiera que «algo ha fallado» al no haber hecho llegar antes los términos de la ordenanza a los artesanos. Tampoco su compromiso de «estudiar con cariño» las alegaciones que puedan presentar.

Para este grupo de autónomos el traslado les «condena a la ruina» y responde a «presiones» por parte de algunos comerciantes «que ponen sus puestos en la calle» para competir con ellos.

«Nosotros hace años que nos hemos reciclado, todos tenemos la carta de artesanos y algunos llevan más de 30 años trabajando aquí», lamentó María Ramon, una de las artesanas afectadas por la nueva ordenanza, que regula también sanciones desde los 150 euros hasta los 300.000 en el caso de las infracciones muy graves.

Además de este polémico asunto, el pleno de la corporación transcurrió con una inusual sintonía entre el equipo de gobierno y la oposición. Durante la sesión se aprobaron la ordenanza municipal de residuos y limpieza viaria, que endurece las multas y redefine las infracciones, así como la normativa para prohibir la venta de alcohol en comercios entre las 24,00 horas y las 08,00.