Los hoteleros pitiusos proponen que la Cambra de Comerç recaude la ecotasa

El impuesto turístico sostenible que aplicará a partir de esta temporada el Govern balear fue ayer uno de los asuntos más tratados en los estands tanto de Balears como de Eivissa durante la primera jornada de la feria turística Fitur.
La presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, adelantó que el impuesto de turismo sostenible se comenzará a cobrar a partir del mes de mayo y recordó que la distribución del dinero recaudado se hará en función de los proyectos que presenten los consells y los ayuntamientos. «No está contemplado un reparto territorial, pero se pactará con los sectores empresariales y sociales junto a los consells para la financiación de proyectos», indicó durante la presentación del espacio que Balears tiene en Fitur. En este sentido, el presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, aseguró que desde Eivissa «a lo mejor se solicitan tantos proyectos que superan el porcentaje que en proporción podría corresponder a la isla».
Críticas a la ecotasa
El presidente de la Federación Empresarial Hotelera de Eivissa y Formentera (Fehif), Juanjo Riera, fue muy crítico con un impuesto que considera «una tasa turística pura y dura» y cuya finalidad irá, en su opinión, «a reducir deuda de la comunidad». Riera explicó que desde Eivissa y Formentera han propuesto que sea la Cambra de Comerç, una entidad de naturaleza jurídica público-privada, quien recaude y liquide el impuesto turístico en puertos y aeropuertos, ya que hacerlo en establecimiento turísticos reglados «será una desventaja y una discriminación frente a la oferta ilegal». Además, apuntó, «si la recaudación y liquidación la hace la Cambra de Comerç la pagaría un número más elevado de turistas».
«El sector está en contra de la tasa turística, entre otros motivos porque solo la pagarán los clientes que vayan a la oferta reglada y dará más trabajo en la recepción de los hoteles y la administración», subrayó.
Además, Riera negó que el sector hotelero se plantee un «boicot» a cobrar el impuesto, pero recordó que, junto a las patronales de Mallorca y de Menorca estudian la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. «Se está hablando ahora», precisó.
Mientras tanto, el vicepresidente del Govern balear, Biel Barceló (Més), reiteró que el impuesto «va destinado a todos los alojamientos turísticos, incluidos las alquileres vacacionales». El conseller de Turisme avanzó que los servicios jurídicos del Govern trabajan para buscar una solución a este tipo de oferta ilegal, que acusa especialmente la isla de Eivissa, como reconoció. «Es un trabajo complejo y hay un debate a nivel internacional porque es un problema que existe en otras ciudades y capitales. Aquí tenemos un problema y son los arrendamientos de temporada regulados por ley de arrendamientos urbanos, y por tanto en estos momentos los alojamientos de temporada son legales, se pueden hacer, lo único que no se puede hacer es una comercialización turística. Aquí los inspectores no pueden dejar de trabajar nunca para abrir expedientes sancionadores. Pero llegar a todo es difícil», admitió el conseller balear, quien dejó claro que hay «limitaciones» por la falta de inspectores.
Barceló cree que con la Ley general Turística que esperan aprobar en 2017 se avanzará en una solución a esta problemática. «Los servicios de inspección de los consells insulars, que tienen competencias en ordenación, están trabajando para encontrar una solución junto a la Agencia Tributaria de Balears y la Agencia Tributaria española. Todos los alquileres vacacionales tienen que pagar, el problema es que una parte está regularizada y otra no. Es uno de los retos que hemos de afrontar y de cara a 2017 esperamos que esté aprobada la ley turística después de un gran debate y consenso, de hablar con todas las partes implicadas y de un gran debate social», concluyó.