Durante septiembre y la primera semana de octubre, la bandera roja ondeó en la bahía durante 11 días en total y esto provocó unas enormes pérdidas a los dueños de los hoteles y los restaurantes de la playa, que ahora la máxima institución insular cifra en 130.000 euros por cada día que la playa ha permanecido cerrada al baño.
Según explicó el conseller insular de Medi Ambient, Miquel Vericad, «seguramente las pérdidas serán mayores. Se trata de una estimación elaborada basándonos en una media». Los datos del departamento de Turisme hablan de un total de 36 establecimientos y 4.000 plazas turísticas. «Por no hablar de las pérdidas a medio y largo plazo por todos los clientes que, después de los problemas en Talamanca, deciden no volver a estos establecimientos», añadió.
El conseller de Medi Ambient consideró «necesario» que se adopte la emergencia no solo por cuestiones económicas sino también por razones sanitarias y ambientales. «Tiene que prevalecer la integridad de la salud de las personas, de la misma manera que se hace en los casos de incendio o incluso en un accidente nuclear», explicó.
Vericad insistió en que el colector «ha llegado al final de su vida útil» porque las sucesivas reparaciones provisionales que se han hecho gasta ahora «no garantizan su buen estado». Además, comentó que la aparición de noticias sobre este tema en la prensa extranjera «puede tener un efecto catastrófico, no sólo para la ciudad sino para toda la isla».
El Consell enviará en los próximos días este informe al Govern, al que se unirá otro documento similar «extenso y completo», en palabras del alcalde de Vila, que está elaborando por su parte el Ayuntamiento.
Un documento donde se refleja que el emisario tiene «deficiencias graves», su uso está «finiquitado», que las repaciones son «insuficientes» y que existe «un riesgo para la salud pública», entre otros detalles.
LA NOTA
Ruiz: “Si por mí fuera, iría y cambiaría el emisario ya”
El alcalde de Vila, Rafael Ruiz, resumió en una frase las dificultades que el Ayuntamiento se está encontrando para afrontar el problema de los vertidos en Talamanca: “Si por mí fuera, iría y cambiaría el emisario, pero no puedo”.
Ruiz lamentó lo difícil que es explicar a la opinión pública que los fondeos irregulares de Formentera sean declarados de emergencia y no ocurra lo mismo con el emisario pero “en el caso de Formentera es Costas, es otra administración la que lo declara”, insistió. No obstante, a pesar de que las competencias son autonómicas, recordó que “ni yo ni la presidenta podemos declarar la emergencia” sino los servicios técnicos y jurídicos del Govern.
El alcalde señaló que, cuando el nombre de la ciudad aparece en la prensa internacional por esta noticia, la reputación afecta a toda la isla por llevar el mismo nombre.
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