Los vecinos piden como medidas disuasorias la instalación de cámaras de vigilancia o bien verjas en el mirador de sa Penya para evitar que se arrojen basura y residuos a la playa. | Arguiñe Escadón

La solución a los problemas endémicos que sufre el barrio de sa Penya pasan, según sus vecinos, por el desalojo de las infraviviendas habitadas por okupas. A pesar de que el Ayuntamiento de Vila pagó hace más de dos años cerca de tres millones de euros en expropiaciones, los cambios de equipos de gobierno han impedido acometer las reformas previstas para rehabilitar la manzana que comprende las calles Alt y Retir.

La expropiación municipal llevada a cabo en 2013 afectó a 47 fincas y a un total de 34 propietarios. Una quincena de familias sin derechos sobre las casas que habitaban se negaron a abandonar el barrio. Varios de esos edificios fueron tapiados, pero cerca de un centenar de personas ha vuelto a ocupar las infraviviendas este verano.

Los vecinos confían en la «buena voluntad» del nuevo equipo de gobierno y esperan que antes de final de año el Consistorio reciba la autorización judicial por parte del Tribunal Superior de Justicia para ejecutar los desalojos. No obstante, recuerdan que dicha autorización solo permitiría la entrada en 23 de estas viviendas –las de aquellos vecinos que se negaron a abandonar– e instan al Ayuntamiento a que proceda al desalojo de los ocupantes de los inmuebles municipales expropiados.

Mientras tanto, vecinos de sa Penya han vuelto a denunciar el incivismo que ha convertido al popular barrio de la Marina en una de las zonas más precarias de la ciudad de Vila. Cuando apenas ha pasado una semana desde que el Ayuntamiento activara un plan de choque de limpieza en sa Penya, que incluyó la retirada de tres kilos de residuos del acantilado, desde la Asociación Salvem sa Penya han hecho pública su indignación por la imagen de suciedad y falta de higiene que presenta el barrio.

En concreto, denuncian las precarias condiciones de habitabilidad así como la acumulación de basuras, incluso de heces humanas, en infraviviendas y espacios públicos como la Casa Broner o el centro polivalente de sa Pedrera. Otras de las infracciones que más se producen en el barrio es la apertura de bocas de riego, lo que provoca escasez de agua en las viviendas.