Caras sonrientes, abrazos y palmaditas en la espalda se pudieron ver ayer en plena calle a la salida de los juzgados. Alegría por parte del exconseller de Patrimonio y exvicepresidente del Parlament de las Illes Balears, Joan Marí Tur, ‘Botja’, del exarquitecto municipal, Antonio Huerta y de Joan Prats, citado como arquitecto particular.
Los tres se sentaron ayer por la mañana en el banquillo de los acusados por un delito contra la ordenación del territorio. El motivo del juicio eran unas obras que el exconseller realizó en la finca Can Jeroni, en el municipio de Sant Josep de sa Talaia, para convertir una pequeña construcción rural en una vivienda, cuando dicha construcción se encuentra en un espacio protegido situado por encima de la cota de 200 metros de altura.
Las obras fueron denunciadas en 2004 por el grupo del Pacto Progresista en el Consell d’Eivissa y en el Ayuntamiento de Sant Josep.
La magistrada dio por buenos los alegatos de los tres abogados defensores, cuya principal exposición la realizó el letrado Rafael Perera, representante legal del exconseller.
El abogado aseguró que habían transcurrido los tres años legales para la prescripción del delito contra la ordenación del territorio y aportó como prueba el dictamen del perito enviado por la Fiscalía en 2007 y 2008 para verificar el estado de la propiedad. Perera dijo que él mismo pidió al perito que ratificara que las obras estaban finalizadas en marzo de 2007, en su primera visita. Para ello, solicitó al técnico que confirmara que en su segunda visita, en 2008, el estado de la vivienda no se había modificado. Dicha confirmación figura en un acta por escrito, que el abogado defensor entregó a la jueza como prueba.
Según motivó el abogado, entre marzo de 2007 y mayo de 2010, cuando fue imputado ‘Botja’, transcurrieron «sobradamente» los tres años de plazo legal para la prescripción. Así se expresó sobre los tres años y dos meses transcurridos entre el final de obra y la imputación del exconseller por parte de la Fiscalía.
Por su parte, el abogado del exarquitecto municipal Antonio Huerta defendió que en su caso la prescripción es más evidente ya que el informe favorable emitido para la construcción de la vivienda era de 1998.
Tras ordenar un receso en el juicio, la magistrada comunicó «de palabra» a los acusados que la causa estaba resuelta. Así lo explicó Rafael Perera en la puerta de los juzgados, donde detalló que con esta decisión la causa queda terminada «sin necesidad de recurso alguno puesto que la fiscal ha admitido la resolución de la jueza y ha renunciado a formular cualquier tipo de recurso».
La jueza fijó su resolución en un acta, firmada por todos los acusados, ahora absueltos, y sus representantes legales, que después se reflejará en una resolución por escrito.
El exconseller, Joan Marí Tur, mostró su satisfacción ante la resolución del juicio, aunque él mismo en declaraciones anteriores sobre este mismo tema siempre proclamó su inocencia, ya que aseguró que nunca hubo delito pues tenía todos los papeles en orden y los permisos para poder acometer dicha obra en su finca de Can Jeroni, porque si no «nunca la hubiera hecho».
Una vez terminada la comparecencia, Marí Tur ironizó ante los medios de comunicación sobre este caso y otros en los que se ha visto implicado a lo largo de su carrera política y dijo que todo lo que le ha sucedido en esta causa y en otras quedará «reflejado fielmente» en unas memorias que está escribiendo, en las que dará a conocer detalles que quizás no se han llegado a hacer públicos aún en cuanto a los asuntos judiciales en los que se ha visto inmerso.
1 comentario
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El típico enjuague entre "peperos trileros", al final no se sabe donde está la bolita......Auténticos tahures