Así, el máximo representante de la Iglesia en las Pitiüses ofició inicialmente unas vísperas a las cuales asistieron los familiares de los religiosos martirizados, entre otros fieles.
Tras ello, se realizó un acto jurídico en el que se nombró juez delegado del proceso al sacerdote Antonio Torres y promotor de justicia –una especie de fiscal sobre el mismo proceso– a Miguel Ángel Sánchez. El postulador de la causa –que la defenderá en el Estado Pontífice– será Alejandro Cifre.
Finalmente, se cerraron y lacraron las cajas que contienen toda la documentación que se enviará a Roma para que el papa Francisco determine si finalmente se beatifican los 21 religiosos.
Dicha documentación, que ocupa un total 2.500 folios entre los que se encuenntra una amplia cantidad de testimonios y pruebas recogidas en multitud de archivos, se entregará el 24 de junio a la congregación para la causa de los santos. Su personal será el encargado de revisarla y entregarla al papa Francisco, quien decidirá si los sacerdotes son o no beatificados.
Este proceso se abrió en 2008 a iniciativa del obispo, atendiendo así la demanda que una multitud de feligreses y algunos sacerdotes le habían expresado.
Un portavoz de la diócesis explicó que «en el proceso queda patente que no murireron por su ideología política, por ser de izquierdas o de derechas, sino que el único motivo para apresarlos y matarlos respondió a que eran sacerdotes».
En este sentido, en el entorno de la diócesis de Eivissa y Formentera, se confía en que los 21 religiosos asesinados en 1936 sean canonizados: «No renegaron de sus creencias y dieron la vida por ello».
En caso de ser beatificados, la ceremonia tendría lugar en la diócesis pitiusa.
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