Según el abogado de la acusación, Joan Cerdá, Tarrés perdió ayer una magnífica oportunidad de aclarar los hechos ante la ciudadanía. El letrado advierte que el objetivo es averiguar por qué se dio una subvención en apenas cinco minutos «cuando para cualquier cosa se tardan meses».
Teniendo en cuenta que Tarrés ha manifestado que sólo conoce de vista a Antonio Ribas Torres, expresidente del citado club deportivo, Cerdá opina que «entiende aún menos» que se diera esta licencia en tan poco tiempo. «Se dio entrada al tema a las 13,46 y la autorización llegó a tiempo al banco, es decir antes de las 14,00 horas, teniendo que pasar por tres departamentos. Me lo expliquen...», apostilló el abogado.
Imputados
La juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Eivissa, Carmen Martín, había llamado a declarar en calidad de imputados, además de a Tarrés, al interventor de la institución, Sergio Pascual Sora, y a Sandra Palau Boned, quien cuando se produjeron los hechos que investiga la juez era responsable de la sucursal en Eivissa de Colonya Caixa Pollença.
La citación se produce en el marco de una investigación sobre la posible comisión de un delito de alzamiento de bienes -una insolvencia punible que consiste en ocultar o deshacerse de parte o todo el patrimonio para que un acreedor no pueda satisfacer su derecho a cobrar- consistente en el endoso a Caixa Pollença de una subvención de 25.831,32 euros pagada en enero de 2011 por el Consell d'Eivissa al equipo de baloncesto. Este dinero se endosó directamente del Consell a Colonya Caixa Pollença sin pasar antes por las arcas del club, lo que según el denunciante, que es el entrenador del club, quien fue despedido y entabló un litigio laboral con el que finalmente ganó, podría constituir un delito de alzamiento de bienes. Previamente, la juez ya tomó declaración como imputados a los responsables del club: José Antonio Ribas Torres y José Luis de la Osa Enríquez y archivó el caso.
Endoso
El denunciante considera que el dinero fue endosado directamente del Consell a Caixa Pollença para evitar que en el caso de que él ganara su litigio laboral con el club por despido improcedente no pudiera embargarse al club, dada su insolvencia, la cantidad que se le adeudaba y que finalmente el Juzgado de lo Social de Eivissa estimó en 10.843,03 euros.
La juez citó a Tarrés, Pascual Sora y Palau pese a que ordenó el sobreseimiento provisional del caso, en junio de 2012.
El denunciante recurrió ante la Audiencia Provincial, cuya Sección Segunda, dos años después, el 7 de octubre de 2014, estimó su recurso de apelación y ordenó al Juzgado de Eivissa que «antes de acordar el archivo o adoptar cualquier otra resolución era procedente practicar diligencia de declaración testifical del representante legal de Colonya Caixa Pollença, del interventor del Consell d' Eivissa, además de quienes sean considerados necesarios por la magistrada», que decidió incluir a al expresidente.
El auto de la Audiencia señala que «el Consell Insular concedió al club una ayuda para el mantenimiento de entidades sin ánimo de lucro para la temporada 2009-10. El despido del reclamante se produjo a finales de dicho año. En lugar de procederse al cobro de la subvención el club procedió a endosarla en una entidad financiera sin que causa alguna lo justifique. Con ello se impidió que se procediera al embargo de la misma».
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