Mar Blava acusa a Medio Ambiente de presunta prevaricación por retrasar la DIA de Cairn Energy

La Alianza mantiene que el plazo legal (en un principio 10 de diciembre y se extendió al 16 de febrero tras el informe y la contestación de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar) se ha superado con creces y que no hay base legal ni argumento técnico sobre el que se fundamente este retraso. «Medio Ambiente se ha extralimitado en el plazo legal para emitir la DIA y ahora mismo no tienen ningún argumento técnico ni jurídico que les permita retrasar el impacto ambiental. Estamos en una situación de ilegalidad y el Ministerio de Medio Ambiente no está cumpliendo con Ley de Impacto Ambiental ni con la Ley de Procedimiento Administrativo», aseguró Carlos Bravo, coordinador de la Alianza Mar Blava, quien explicó que, debido al retraso y a la falta de explicaciones sobre el mismo, «se ha generado una situación de indefensión. No sabemos el o los motivos del retraso y lo cierto es que podrían estar prevaricando por este retraso injustificado».

A esto hay que añadir, según explicó Bravo, el «desprecio desde el punto de vista ético no sólo hacia la sociedad que alegó en contra de este proyecto de prospecciones sino también contra las instituciones que han hecho resoluciones en contra del proyecto». Bravo apuntó que, precisamente, este rechazo unánime de la sociedad y las instituciones «debería haber acelerado la resolución negativa de la declaración de impacto ambiental y no ha sido así, ni siquiera se ha emitido en plazo». La Alianza confía en que la Fiscalía abra diligencias e investigue el por qué de este retraso. En este proyecto, según explicó Bravo, no cabe el silencio administrativo, pues el Ministerio de Medio Ambiente está obligado a responder. El coordinador de la Alianza recordó que hay «argumentos suficientes» para que esta DIA sea negativa y afirmó que desconocían si existían «cálculos electorales» en la emisión de esta declaración de impacto.

Desde la Alianza Mar Blava quisieron dejar claro el consenso de la asamblea (incluidos los consells y los ayuntamientos, que también estuvieron presentes en el último encuentro) para presentar la denuncia ante Fiscalía y reiteraron que «en la asamblea no hay representación política sino institucional; no hay tendencia ni vinculación política», destacó Diego Ponce, también portavoz de Alianza Mar Blava.