Verdugo insistió en que «no hay ningún interés de hacer un macroproyecto antes de que acabe la legislatura, no se va a hacer el túnel», mientras que el portavoz de PSOE-Pacte, Josep Marí, apuntó que «el informe a la carta» que elaboró el ingeniero del Ayuntamiento de Sant Antoni «persigue la idea de hacer un nuevo muelle en el puerto».
Por otro lado, el pleno de la corporación aprobó ayer de manera inicial y por unanimidad la ordenanza que regulará la concesión de prestaciones sociales a personas que se encuentren en situaciones de especial necesidad o emergencia social. «Con este reglamento se refuerza el control de las ayudas y el seguimiento de los usuarios, y se regulan los derechos y obligaciones tanto del demandante como del consistorio», explicó la concejala de Bienestar Social, María Ramón.
Entre las principales novedades que incorpora esta nueva ordenanza están la obligación de estar empadronado durante tres meses antes de la concesión de la ayuda y seguir empadronado en el momento de su concesión, firmar un contrato con el Ayuntamiento a través del cual se compromete a la búsqueda activa de trabajo, realizar los cursos de formación que se le asignen, y responder al seguimiento que le haga el trabajador social; o la concesión de ayudas para comida, ropa, vivienda y gastos básicos del hogar familiar, educación y farmacia siempre que el usuario no lo tenga cubierto por parte de una administración pública.
El cementerio, zona verde
La moción de PSOE-Pacte sobre la clasificación del cementerio viejo de Sant Antoni en las Normas Subsidiarias no tuvo el apoyo del equipo de gobierno. La socialista Laura Carrascosa pidió que esta infraestructura dejara de ser espacio libre público (zona verde) en la planificación urbanística y se clasificara como cementerio. Sin embargo, el PP justificó su voto en contra asegurando que el cementerio ya figuraba como zona verde en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1987.
Además, el concejal de Hacienda, Vicent Ribas, informó que el periodo medio de pago a proveedores es de 19,35 días, muy por debajo de los 30 días que marca la ley, mientras que según el informe de ejecución trimestral de Intervención, la deuda viva a finales de 2014 es de 16,4 millones.
Finalmente, también se informó ayer que, desde el 15 de febrero, los proveedores con facturas superiores a 5.000 euros, IVA incluido, deberán presentar sus facturas de forma electrónica, una medida de la que están exentes los autónomos.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Periódico de Ibiza y Formentera
De momento no hay comentarios.