El presidente de Pimeef, Joan Tur Ripoll, en una imagen de archivo. | (c) Sergio G. Canizares

La Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef) expresó ayer su «sorpresa» por la interpretación de la Ley de Comercio que hace el Govern y ha criticado que haya ampliado dos meses el periodo de libertad de horarios, dando permiso de apertura de domingos y festivos para las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) cuando este extremo «no ha sido pactado en ningún momento» y que, de hecho, «no figura en la Ley» aprobada recientmente.

Según ha explicado mediante un comunicado, la nueva Ley de Comercio de Baleares, publicada en el BOIB el pasado 18 de octubre, «fue consensuada en su mayoría por todo el sector empresarial y prácticamente en su totalidad fue aprobada por consenso por el Parlament balear».

La Pimeef ha detallado que en la ley se regulan, entre otras muchas cuestiones, las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) «que hasta ahora, en la Isla de Eivissa, son prácticamente todas menos los polígonos industriales».

La patronal ha señalado que estas zonas tienen plena libertad de horarios y permiso de apertura en domingos y festivos desde el 15 de marzo hasta el 30 de octubre, coincidiendo con la temporada turística de verano.

Competencia local

La asociación de comercio de las Pitiüses recuerda que son las corporaciones locales las encargadas, mediante pleno, de realizar la petición de modificar las fechas de apertura en función de la afluencia turística.

Por ello, ha criticado que ahora la Dirección General de Comercio haya publicado una nota aclaratoria prorrogando este período hasta el 31 de diciembre, «algo que no ha sido pactado en ningún momento y que no figura en la Ley de Comercio de Baleares, publicada recientemente», concluye la Pimeef.

En la nota de la Dirección General de Comercio, fechada el 31 de octubre y firmada por su jefa de servicio, Carmen Bennasser, se advierte que la declaración de las ZGAT se puede extender a todo el año y remarca que esta ampliación es «potestativa» y, aunque reconoce que en determinados casos se trata de una competencia municipal, establece que «todos los comercios puedan abrir mientras cada ayuntamiento decide llevar o no a pleno su propuesta».