La iniciativa, defendida por el diputado socialista Joan Boned, también planteaba que el informe de impacto ambiental que debe emitir el Ministerio de Medio Ambiente sobre las prospecciones en aguas próximas a Eivissa se dé a conocer antes del 31 del próximo año. La propuesta contemplaba, además, que la Cámara balear instara al Parlamento Europeo a promover la declaración de un «mar Mediterráneo occidental libre de prospecciones petrolíferas». Según destacó el diputado socialista Joan Boned, la modificación de la Ley de Hidrocarburos «es la única solución viable, real y que resuelve de una vez por todas los problemas». Boned destacó que «no sólo lo pedimos el grupo socialista, sino toda la sociedad, las plataformas ciudadanas, los grupos ecologistas y las más de 125.000 alegaciones presentadas en contra de estas prospecciones».
La respuesta
Por su parte, el diputado del PP, Miquel Jerez, presentó una enmienda de modificación a la moción socialista, que finalmente no fue aceptada. La enmienda proponía la redacción del punto que hacía referencia a la aceleración de la emisión del informe de impacto ambiental que tiene que hacer el Ministerio de Medio Ambiente. «En todos los procedimientos tramitados ante la administración no puede haver resoluciones de expediente de acuerdo con la fecha que nos apetezca sino de acuerdo con lo que marca un procedimiento administrativo reglado y de acuerdo con unos plazos previamente establecidos en el marco de la ley», explicó Jerez. En cuanto al rechazo a instar a que se modifique la Ley de Hidrocarburos, Jerez destacó que «en anteriores gobiernos la aceptastéis en todo su contenido y la usastéis. No puede ser que un día se os ocurra modificar la ley en un sentido y otro día en otro», apuntó Jerez, quien recordó que el pasado mes de abril se aprobó por unanimidad en el Parlament instar al Gobierno a la modificación de esta ley.
Otras peticiones
La moción socialista también pedía trasladar a la Fiscalía toda la información disponible referida a la realización de sondeos el año pasado en aguas de Balears por si fueran constitutivas de delito. Sobre esto el diputado popular Miquel Jerez destacó que «de los distintos informes emitidos por el Govern a instancias del Ministerio de Industria se deduce el desconocimiento de la fuente de las emisiones y que el epicentro se encuentra entre 250 y 300 kilómetros de distancia, en aguas que seguramente no son de jurisdicción española». Por este motivo, Jerez declaró que «antes que instar a Fiscalía a perseguir a no sabemos quién ni a dónde, debemos dejar que esta investigación la continúe el propio Ministerio con la información que está recaudando y que impulse la acción de la justicia si considera que estos efectos sonoros han tenido una incidencia medioambiental grave en el ámbito territorial de nuestra comunidad autónoma o en el ámbito de otras regiones del territorio español», concluyó Jerez.
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