La infanta Cristina sólo terminará en el banquillo de los acusados si la Audiencia Provincial mantiene contra ella el delito de blanqueo de capitales que le imputa el juez Castro. Varios juristas coinciden en que este delito es la clave para el futuro de la hermana del Rey por simple interpretación de la ‘doctrina Atutxa' del Tribunal Supremo.

De todas las acusaciones personadas en el ‘caso Nóos' sólo hay una que actúe contra Cristina de Borbón: el sindicato ‘Manos Limpias'. Se trata de una acusación popular, la que ejerce una o varias personas que no son víctimas del delito pero a las que se les permite intervenir en el proceso judicial.

El Supremo deja claro que si la Fiscalía o las víctimas de un delito no acusan no se puede llevar a una persona a juicio sólo por una acusación popular. Esto es lo que ocurrió en el caso del banquero Emilio Botín que fue juzgado por un delito fiscal que sólo le imputaba una acusación popular (Manos Limpias). El Supremo le exculpó porque ni el fiscal ni el afectado por el delito -el Estado- le acusaron.