El Ayuntamiento de Santa Eulària ha anunciado que se personará como acusación particular «en el caso que se abran diligencias penales» por las irregularidades que la Fiscalía ha detectado en las obras presuntamente ilegales realizadas en el islote de Tagomago y que se están tramitando en los juzgados.
El alcalde de la localidad, Vivent Marí, manifestó este extremo durante el Pleno Extraordinario celebrado ayer en respuesta a una pregunta de la oposición sobre la denuncia interpuesta por el ministerio fiscal el pasado 6 de junio contra el representante legal de la entidad Isla Tagomago S.A., del que es arrendatario el empresario alemán Matthias Kühn, por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio.
«Compromiso»
Al término de la sesión plenaria, el concejal de Urbanismo de Santa Eulària, Mariano Juan, destacó el «compromiso y firmeza del Consistorio en el cumplimiento de la legalidad en un espacio protegido como es Tagomago» y garantizó la «máxima colaboración» de la corporación local con la justicia. En cuanto al proceso judicial, Juan se mostró partidario de reunir «en una misma causa» todas las irregularidades detectadas.
Cabe recordar que las diligencias de la Fiscalía se iniciaron tras una denuncia del Ayuntamiento de Santa Eulària, originada a su vez por una inspección ocular realizada por los servicios técnicos en octubre de 2013 junto con personal del Consell d'Eivissa y de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil.
Entonces constataron que en el quiosco ubicado en el islote se habían efectuado varias obras, como la nivelación del suelo, la ampliación de una escalera o la instalación de una estructura de madera con cubierta de cañizo y dos baños hidrosanitarios, todo ello sin las autorizaciones preceptivas.
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El intervencionismo urbanístico va íntimamente unido a la corrupción urbanística. Nunca ha habido más corrupción urbanística que en los años de la burbuja, cuando más prohibiciones ha habido para construir. Con la liberalización del suelo se acabaría con la corrupción urbanística, bajarían los precios de las viviendas, y se protegerían los lugares con valor ecológico.
Del pleno de sant antoni no tenéis que comentar nada, no mandasteis ningún periodista para cubrirlo, no presumiréis de periódico independiente lamentable.