De izq. a dcha., Flor dell’ Agnollo, Lucas Prats, Carlos Bravo y Ángeles Nogales, ayer, en rueda de prensa.

De izq. a dcha., Flor dell’ Agnollo, Lucas Prats, Carlos Bravo y Ángeles Nogales, ayer, en rueda de prensa.

María José Real19/02/14 0:00
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La Alianza Mar Blava presentó ayer sus alegaciones al estudio de impacto ambiental de Cairn Energy en las que destacan que la concesión de los permisos para la exploración de hidrocarburos «probablemente haya vulnerado la normativa. En primer lugar, porque tendría que haberse consultado por lo menos a las administraciones implicadas dado que este proyecto tiene efectos potenciales sobre el medio social y económico y esto no se ha hecho», explicó Carlos Bravo, coordinador técnico de la Alianza, quien afirmó que por este motivo «se han vulnerado algunos principios y normativas e incluso artículos de la Constitución que hablan de lealtad institucional. Esta omisión deliberada provoca y vulnera el principio de lealtad institucional, que es un soporte esencial en el funcionamiento del Estado».

En esta misma línea, Bravo afirmó que habían detectado un «presunto fraude de ley» también en relación con la concesión de los permisos, pues la Ley de Hidrocarburos establece que las áreas de prospección deben tener un máximo de 100.000 hectáreas de extensión. «Solicitaron cinco áreas, aunque a una de ellas renunciaron, que cada una de ellas tiene menos de 100.000 hectáreas, pero luego las han acumulado de una forma presuntamente fraudulenta para hacer en ellas los sondeos sísmicos porque los sondeos se harán en conjunto, no por separado», afirmó Bravo, quien precisó que este presunto fraude de ley en cuanto a la extensión «podría dar lugar a posibles recursos ante la Justicia».

A ello hay que sumar que la empresa «por decisión propia», y contradiciendo al perímetro que les había otorgado en los permisos el Gobierno, «han decidido salirse del perímetro que les otorgaron y esto es una irregularidad denunciable». La Alianza empresarial e institucional destacó también la «incongruencia» de la compañía al reflejar en sus principios de actuación cuestiones como que no actuarán en zonas donde haya protección de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco «cuando los sondeos sísmicos y los pozos petrolíferos de cata [el siguiente paso a los sondeos] afectarían claramente a la declaración de Patrimonio de la Humanidad».