María José Real01/02/14 0:00
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La Asociación de Comerciantes de Pimeef remitió ayer al Ayuntamiento de Sant Antoni las alegaciones contra la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó inicialmente el Consistorio. La patronal de Pimeef afirma que la memoria explicativa de esta modificación establece que se debe hacer para ajustar el planeamiento urbanístico «a las nuevas necesidades residenciales y turísticas del municipio», al tiempo que la memoria establece que la apertura del municipio «a centros comerciales de mayor tamaño suponen un evidente interés general y público».

En la memoria de la modificación, el uso comercial pasa de 2.200 m2/t a 5.400 m2/t, lo que incrementa «sustancialmente el tamaño máximo permitido para los equipamientos comerciales». La Pimeef defiende que estos cambios «no son menores en el momento en que la propia memoria nos dice que está impulsando una modificación del modelo comercial del municipio, que existen nuevas circunstancias poblacionales y económicas (turísticas) que se deben afrontar, que se apuesta por comercios de grandes dimensiones a las afueras del núcleo urbano, lo que generará más actividad económica y ocupación y, por tanto, es evidente que habrá más movilidad».

Revisión

Los comerciantes afirman que se debería hacer el cambio del PGOU mediante una revisión, no una modificación puntual ya que «establecer un nuevo modelo comercial en un municipio afecta a la estructura general y orgánica del territorio concretada en sus sistemas generales y equipamientos y, en consecuencia, sólo es posible jurídicamente introducir en el PGOU este nuevo modelo a través de su revisión, pero no a través de una simple modificación». En esta línea, la revisión garantiza que se haga un estudio de movilidad, cosa que no se ha hecho. Además afirman que es un «fraude de ley alterar el planeamiento urbanístico que realmente supone un nuevo modelo territorial y que afecta a la estructura general y orgánica a través de la vía de la modificación para evitar la obligación legal de la adaptación a los instrumentos de ordenación territorial». Recalcan también que es «absurdo» que en la memoria se hable de que con la modificación se generará más actividad económica y no se haga un estudio de impacto económico, al igual que no se ha hecho un estudio de impacto ambiental.