Una decena de agrupaciones ecologistas, comerciantes y hoteleros se suman a la protesta

Para la plataforma, estos proyectos «no contemplan normativas españolas y europeas de protección del medio marino, incumplen la ley estatal de hidrocarburos por superar la superficie máxima autorizada y, en caso de llevarse a cabo, tendrían graves afectaciones sobre la fauna y flora marina y sobre actividades económicas como la pesca y el turismo».

A estas alegaciones, también hay que sumar las de Amics de la Terra que señalan en su escrito que a pesar de los beneficios previstos para las empresas encargadas de realizar estas campañas, un metro cuadrado de playa puede llegar a reportar unos ingresos de 12.000 euros anuales, según el profesor titular de la Universidad Politécnica de Valencia, Víctor Yepes Piqueras, «que en caso de vertidos y contaminación se perderían y repercutirían gravemente en la economía insular». Por todo ello apuntan: «No son comparables ni compatibles unos ingresos con otros, estando los beneficios presentes y futuros del turismo, de las islas y del Estado español muy por encima de los que se puedan derivar de la extracción de hidrocarburos».