El gasto en políticas de Justicia se situará en 1.500,75 millones de euros en 2014, lo que representa una caída del 2,7% respecto al año anterior. El presupuesto en Justicia Gratuita y en atención a víctimas de delitos violentos o sexuales se mantiene, aunque disminuye la inversión en nuevas tecnologías u obras en edificios judiciales.
Pese al anuncio, en 2014 continuará la ejecución de la obra de rehabilitación en la Audiencia Nacional, así como las obras de mejora en el Palacio de Justicia de Soria, «previas a la intervención integral prevista para ejercicios futuros», y se entregarán los proyectos de Valladolid, Badajoz, Eivissa y Guadalajara.
El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) dedica una dotación de 1.442,80 millones de euros para que el Ministerio de Justicia desarrolle esta política, y de 57,96 millones para que lo haga el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El grueso del presupuesto se destina, como es habitual, a gastos de personal, que decrecen de 1.259 a 1.227 millones de euros. El Gobierno contempla la convocatoria de oposiciones de ingreso a las Carreras Judicial y Fiscal para dar cabida a 50 nuevos aspirantes --30 plazas en lo judicial y 20 en la fiscal-- y tiene en cuenta que se incorporarán 204 nuevos jueces a la Escuela Judicial el próximo año.
Para afrontar la reforma del Registro Civil y las actuaciones competenciales de los Registros Vinculados con la Fe Pública, la asignación presupuestaria se eleva a 24,46 millones de euros.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy ha mantenido en 34,15 millones de euros la partida dedicada a sostener el sistema de asistencia jurídica gratuita para que se beneficien las personas que acreditan una insuficiencia de recursos económicos o están incluidas entre los colectivos beneficiados por la ley. Justicia revisará el modelo para hacerlo «más eficiente» y comprobará la «existencia real de este derecho, imposibilitando el fraude».
La contribución del Estado permanece también intacta en materia de asistencia jurídica y psicológica a víctimas de delitos violentos y sexuales y violencia doméstica, que cuenta con una dotación de 1.18 millones de euros.
En el otro extremo, el dinero que el Estado transferirá a la implantación de nuevas tecnologías en los juzgados se sitúa en los 43,3 millones de euros. Esta partida ya sufrió un pequeño recorte el pasado ejercicio cuando pasó de 53,57 a 52,15 millones.
El total de los créditos asignados a equipamiento e infraestructura alcanza la cifra de 18,25 millones. En 2013, se contempló una dotación inicial de 22,5 a las obras de rehabilitación y ampliación de la Audiencia Nacional y otras sedes judiciales.
El Ejecutivo seguirá desarrollando planes de optimización de los espacios disponibles e incorproando medidas que permitan obtener un ahorro energético.
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