En la anterior legislatura, el plazo límite impuesto en un primer protocolo de permuta firmado en 2011 por la exalcaldesa Lurdes Costa fue el 1 de septiembre de 2017. Es decir, entonces ya se dieron seis años de margen para construir los juzgados. Ahora, la cuenta vuelve a cero y Vila concede seis años más. «Suponemos que con este tiempo extra que les damos será suficiente para que de una vez y definitivamente podamos disfrutar de una sede judicial en nuestra isla y en nuestra ciudad», aseguró ayer el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de gobierno, Alejandro Marí.
Este nuevo plazo de demora es la principal novedad de los requisitos para la permuta entre los solares de la escuela Sa Graduada, que se entregará al Ministerio para la construcción del nuevo edificio, y la antigua Delegación de Gobierno y los actuales juzgados, que Vila se quedará a cambio. Una vez que se firme este intercambio, el Consistorio permitirá que Justicia siga utilizando de forma gratuita las actuales dependencias con «fecha de caducidad» del 1 de septiembre de 2019. «Para aquel momento el Ministerio de Justicia tiene que haber construido su sede y dejar la actual», insistió Marí.
Los términos del acuerdo
La permuta fue aprobada ayer en junta de gobierno, después de que hace ya dos años, en 2011, se firmara el protocolo general entre el Ministerio de Economía y Hacienda, el Ministerio de Justicia y el Ayuntamiento de Eivissa, y se aprobara por pleno la desafectación de los solares. «A partir de aquí se iniciaron una serie de trámites entre el Ministerio y los servicios técnicos municipales, durante este tiempo, y ahora que tenemos completo el expediente se ha aprobado la permuta», justificó Marí.
El acuerdo se mantiene casi en los mismos términos ya que solo varía en la fecha límite para la nueva sede judicial. En este sentido, el concejal recordó que en la operación Vila ofrece el solar de Sa Graduada, de 2.100 m2 y una tasación de 5.962.592 euros y, a cambio, el Consistorio recibe la antigua Delegación del Gobierno, con una superficie de 1.000 m2 y una valoración de 3.317.141 euros, así como la actual sede de los juzgados, un solar de 680 m2 valorado en 2.343.255 euros.
Marí recordó que de esta operación surge una diferencia de 303.195 euros que el Consistorio reclama al Ministerio en metálico. «En este acuerdo también se faculta a la alcaldesa para formalizar la permuta», añadió el concejal, que no quiso aventurar ninguna fecha para la firma del acuerdo. «Nosotros tendremos nuestro trámites internos y el
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