Aguiló dice que el volumen de fraude es «más grande en la administración estatal que en la autonómica»

Durante el pleno del Parlament de este martes, el vicepresidente ha remarcado que la lucha contra el fraude en Baleares requiere de «un trabajo previo de análisis, de cruce de datos y de un proceso de revisión de expedientes».

Además, ha asegurado que la Agencia Tributaria de la comunidad se ha reorganizado y, pese a contar con un presupuesto más reducido, ha aumentado el número de expedientes y trámites realizados por los funcionarios.

Por su parte, el parlamentario del PSIB Joan Boned ha instado al Govern a «recuperar» estos ingresos que ascienden a 165 millones de euros anuales y ha recordado que el fraude en Baleares es de 1.000 millones de euros, y que el 72 por ciento de esta cantidad corresponde a «grandes fortunas y grandes empresas», según indican los técnicos de Hacienda.

Por ello, el socialista ha considerado que a Baleares no le «sobra ni un euro de ingreso» por lo que ha pedido al Ejecutivo balear que se centre en la lucha contra esta bolsa de fraude, «y no en pequeños defraudadores».

Mientras, Aguiló le ha respondido que el grado de la economía sumergida de la comunidad está cifrada en el 13% o el 25%, o incluso más, en función de los diferentes estudios que hay al respecto. Además, ha considerado que las medidas que se pusieron en marcha para luchar contra esto a principios de este año son «las más importantes de la historia en materia contra el fraude y delitos tributarios».

Por otro lado, ha reprochado a Boned que critique la «supuesta amnistía» cuando «hubo dos más» hace años. No obstante, este argumento ha sido replicado por el socialista, quien le ha contestado que «hay elementos diferenciales» entre unas y otras.

El vicepresidente ha explicado también que a la hora de perseguir estos delitos se deben tener en cuenta los elementos de corresponsabilidad fiscal, la internacionalización de las economías y la implicación de las nuevas tecnologías. Asimismo, ha opinado que el capital humano es el activo «más importante» en la lucha contra el fraude y toda la actividad realizada en materia fiscal.