Un aparcamiento de coches de alquiler. | M. Joy

La Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval) advirtió ayer, en palabras de su presidente, Miguel Ángel Saavedra, que «son muchas las empresas de alquiler de coches de la Isla que están pensando en dejar de dar servicio de cara al próximo ejercicio» si no se cambia el decreto-ley que hace a los rent a car «responsables subsidiarios» de los taxistas piratas. Una de ellas, según ha podido saber este periódico, es una firma internacional que critica la inseguridad jurídica que provoca la nueva normativa.

«Desde un primer momento, Feneval ha llamado la atención sobre las consecuencias negativas para el sector del rent a car. La aplicación de dicho Real Decreto le perjudica, ya que desde la aprobación de la norma, la policía tiene la obligación de inmovilizar los coches utilizados como taxis piratas y los propietarios de estos vehículos son responsables subsidiarios de las multas si los conductores no las pagan, invirtiéndose el principio constitucional de presunción de inocencia», destaca la federación.

En este sentido, recuerda que el pasado mes de julio, Saavedra se reunió con el presidente del Consell, Vicent Serra, la consellera de Mobilitat, Pepa Costa, así como con los concejales de los cinco ayuntamientos y los representantes de rent a car. «Después de esta reunión se quedó a la espera de una respuesta por parte del Consell, tras sus muestras de apoyo y su interés en flexibilizar la aplicación de este decreto para no perjudicar a los rent a car, pero esta solución no acaba de llegar», se quejó Saavedra, que insiste «en la urgencia por tomar medidas», ya que las empresas «pueden salir doblemente perjudicadas si tienen que pagar la sanción por un lado y, por otro, por el lucro cesante de no poder utilizar los vehículos y todo ello sin responsabilidad alguna en los hechos».

Por su parte, la consellera de Mobilitat, Pepa Costa, destacó que «se está trabajando» junto al Govern para «subsanar» este problema, ya que cuando se hizo el decreto «no se pensó que podía afectar tanto a las empresas de alquiler». «El decreto funciona, tenemos el arma para actuar contra los taxis ilegales, pero nuestra intención no era perjudicar a los rent a car», destacó Costa, que señaló que para solucionarlo, se está estudiando «una aclaración al decreto para demostrar mejor la no culpabilidad de los rent a car». «Esto quiere decir que si se demuestra que ellos no son culpables, la culpabilidad recaerá sobre la persona que ha alquilado el vehículo. Ellos tendrán que probar que no eran conscientes de que era un taxista pirata, y así se podrán eximir de la sanción y de la inmovilización», agregó Costa.

La consellera explicó que en la normativa actual «esta no culpabilidad ahora no está clara» y que una vez que se modifique se incorporará a la nueva Ley de Transportes que «estará aprobada dentro de este año».

Por último, cabe señalar que los empresarios de rent a car de Pimeef decidieron ayer en un reunión posponer la interposición del recurso judicial contra el decreto para insistir en la vía del diálogo con el Consell. Asimismo, según ha podido saber este periódico, los socios de Pimeef no se incluyen entre las empresas que amenazan con dejar de prestar el servicio si no se modifica la normativa.

Casi 200 coches retenidos a lo largo del verano
El total de coches retenidos a lo largo del verano por hacer de taxis pirata asciende a un total de 197, de los cuáles, una tercera parte, 65 vehículos, son coches de alquiler. Son los datos que maneja el Consell d'Eivissa, entre los que destaca la cantidad de coches retenidos por la Policía de Sant Josep, operando en este municipio, cuya cifra alcanza los 84 taxis pirata. Por su parte, la policía de Vila ha retenido a 44 coches, en Sant Antoni se ha incautado 46 vehículos y en Santa Eulària, solo once coches. Por su parte, la Guardia Civil ha denunciado y retenido a doce taxis pirata.
Cabe recordar que para recuperar los vehículos, los propietarios deben pagar entre 6.000 y 12.000 euros de multa, y las rent a car deben presentar un aval de 3.000 euros.