Según la alcaldesa, el objetivo es que los nuevos juzgados sean una realidad en esta legislatura porque los actuales están «en una situación precaria». Por ello, para Jáuregui, un edificio «ya construido» podría ser una solución «más rápida» para la nueva sede judicial, que derribar y edificar en el solar de sa Graduada. «Todo esto llevaría un tiempo, que si no hay otro remedio lo llevamos a cabo y ya está. Pero han surgido un par de opciones que permitirían que fuera más rápido», agregó Jáuregui, que no quiso confirmar si entre estas opciones se encuentra una de las torres del edificio del Cetis, donde ya se ha trasladado el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Eivissa. «Prefiero no citar ninguna en concreta porque hay varias», señaló.
La alcaldesa salió ayer muy satisfecha de la reunión que mantuvo con Gallardón en Madrid, y a la que también asistieron el presidente del Consell, Vicent Serra, el senador José Sala y el diputado Enrique Fajarnés. Jáuregui remarcó que el ministro «está muy muy sensibilizado con los juzgados», por lo que en pocos días enviará «un técnico en infraestructuras para mirar todas las opciones que tenemos». «Hay que hacer el cálculo de la edificabilidad que se necesita, teniendo en cuenta que se unificarán todos los juzgados, y que a parte ya se prevén una nuevas unidades judiciales», señaló sobre la petición que hizo Sala a Gallardón para que Eivissa cuente con un juzgado de lo contencioso para evitar los traslados a Palma (ver apunte).
«Hay que ver si alguna de las opciones es válida o no. Si hay alguna que es más rápida y que además permite presupuestariamente que se afronte, se elegirá la más rápida», agregó.
En ese caso, se deberá modificar el protocolo de permuta que se hizo en la anterior legislatura pero que, según la alcaldesa, era un acuerdo «de intenciones, que no estaba formalizado del todo, ni estaba materializado».
En este intercambio, Vila permuta el solar de sa Graduada para la construcción del Palacio de Justicia, por los de la antigua Dirección Insular de la Administración del Estado y de los actuales juzgados, en una operación en la que el Ministerio queda debiendo al Ayuntamiento 300.000 euros. En el acuerdo, el Consistorio cede de forma gratuita un solar de la avenida Isidor Macabich para que sea la nueva sede de la dirección insular.
Según la alcaldesa, cuando se valoren las otras ubicaciones se decidirá si se cambia el protocolo, una opción con la que el ministro está de acuerdo, o si se deja como está. Aún así, señaló que la cesión del terreno para la nueva dirección insular «no hay por qué tocarlo».
En cuanto a la financiación, la alcaldesa indicó que, aunque no hay nada decidido, dependerá del proyecto elegido.
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