IBIZA VECINOS BENIRRAS

Los propietarios de Bernirràs en la rueda de prensa ofrecida esta semana

C. RoigEivissa02/05/12 0:00
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El alcalde de Sant Joan, Antoni Marí, Carraca, aseguró ayer que se ha cometido una «injusticia» con los propietarios de Benirràs al no dejarles construir en un suelo que «siempre ha sido urbano». «Parece que todos los males de los crecimientos desmesurados de Eivissa pasen por el plan parcial de Benirràs, cuando nunca nadie le ha dado solución», indicó el alcalde, que pronunció estas palabras después de que los propietarios de este enclave convocaran una rueda de prensa en la que se quejaron del trato que han recibido por parte de la Administración, ya que consideran que sus derechos han sido «expropiados». De hecho, compararon su caso con el de YPF y aseguraron que pese a las negociaciones, vuelven a estar en el punto de partida.

El alcalde de Sant Joan insistió en que aquella zona es «urbana» y acusó a los progresistas de aprobar moratorias para impedir la construcción. «Hay sentencias que dicen que es urbano y si no quieren que se construya, que se les pague lo que vale y ya está», añadió el primer edil.

En principio desde el Consell d'Eivissa dicen que con la tramitación parlamentaria del nuevo decreto del Govern el terreno queda como urbano y que se tendrá que aprobar un plan especial para delimitar lo que se podrá construir y lo que no. El Consell estuvo negociando para llegar a un acuerdo con los propietarios y evitar que se levanten edificios (67 viviendas) y dejar que solo se hagan 40 casas, pero finalmente no se pudo aprobar.

Ahora es el alcalde, en teoría, quien deberá llevar a cabo el plan especial, pero ayer no quiso aventurarse a decir qué se hará. «Lo que se tenga que hacer se hará, ahora no tengo la más remota idea», indicó Marí. El alcalde recordó que durante estos años ha habido oportunidades de llegar a pactos y evitar los plurifamiliares y que cuando gobernó Pilar Costa casi hubo un acuerdo. «Solo faltó el que tenía que llevar el talón», añadió Marí, que no quiso aclarar nada más sobre esta cuestión.

El conseller de Territori, Mariano Juan, reconoció ayer que los propietarios «pueden sentirse mal por una situación de inseguridad jurídica y de derechos adquiridos, que mediante decreto, se tumbaron». De todas formas, recordó que las negociaciones «continúan».