El presidente del Consell, Vicent Serra, aseguró ayer que tanto desde el Consell d'Eivissa como desde el de Menorca están haciendo fuerza ante el Govern balear para conseguir que se encuentre una solución alternativa que permita, en el caso de Eivissa, aprobar este año la aplicación plena del Plan Territorial Insular (PTI).
El Govern de Bauzá impidió en el último momento a Menorca aprobar una modificación del PTI como enmienda al decreto urbanístico e hizo lo propio con Eivissa, que quería aprobar la modificación de varios artículos para que el PTI de 2005 se pueda desarrollar al 100%, con facilidades para los campos de golf y legalización de viviendas cuyo delito haya prescrito.


Ley del suelo
«Estamos mirando fórmulas parlamentarias, Menorca y nosotros tenemos el mismo problema y queremos que esto se solucione de la forma más rápida», insistió Serra, que no quiere esperar a que se apruebe la ley del suelo, como propuso el Govern, para solucionar este asunto. La aprobación de esta ley podría demorarse hasta 2013 pese a que hay «interés en que salga cuanto antes».
Una de las posibilidades que se barajan es la presentación de una iniciativa legislativa por parte del Consell d'Eivissa para poder desarrollar por completo el PTI sin tener que esperar a la ley del suelo.
La negativa del Govern a incorporar ésta y otras enmiendas al decreto ha generado un importante malestar en el PP de Eivissa, que hace unos días mostró su «rabia» e «indignación». Más allá han ido en Menorca, donde el presidente del Consell amenazó incluso con no presentarse a la reelección como máximo responsable del PP en la Isla. En el caso de Menorca, los técnicos del Govern consideran que cualquier cambio en el Plan Territorial debe pasar por la elaboración previa de una Norma Territorial Transitoria. Calculan que pueden tardar seis meses en aprobarlo.


Aún hay margen para negociar en Benirràs

El presidente explicó que aunque hayan llegado a un principio de acuerdo con los propietarios de Benirràs mediante el cual se han conseguido reducir 65 de las 110 viviendas previstas, aún queda «margen» para seguir perfeccionando el pacto. «Tenemos la comunicación abierta y se puede seguir hablando», remarcó Serra, que recordó que querían que este acuerdo se plasmara también como una enmienda al decreto, aunque no ha sido posible. Destacó que ahora habrá que hacerlo a través de un plan especial. De esta forma, se acaba con la protección de la zona instaurada por los progresistas.