Cáritas también pasa hambre

La delicada situación económica también está pasando factura a aquellas entidades sin ánimo de lucro cuyo objetivo es hacer la vida de los demás un poco más fácil. Es el caso de la delegación de Cáritas en Eivissa que actualmente se encuentra en una situación más que delicada, según explicó Miguel Àngel Sánchez, delegado episcopal de la entidad sin ánimo de lucro: «Hemos agotado nuestros recursos y nos estamos endeudando», apuntó.
Y es que, actualmente las diferentes administraciones de la Isla, Consell y los ayuntamientos, tienen una deuda considerable con la entidad que asciende a algo más de 100.000 euros, si bien el presupuesto para todo el año está estipulado en 133.000 euros en concepto de los gastos que genera tanto el centro de día como el comedor social y que hasta el momento lo ha adelantado Cáritas.
«Estamos haciendo malabarismo para no reducir los servicios que prestamos y confiamos en que se nos pague el dinero que se nos adeuda», explicó Sánchez. El delegado episcopal de Cáritas en Eivissa explicó que están acostumbrados a que las administraciones se retrasen en sus pagos «pero nunca tan tarde», indicó.
Acuerdos de 2009
Para ello, está previsto que en las próximas reuniones de la mesa contra la exclusión social exista un «diálogo cordial para ver si satisfacen con lo que se comprometieron». Y es que, según un acuerdo aprobado en un Consell d'Alcaldes de 2009, en la legislatura de Xico Tarrés, se acordó que todos los consistorios debían hacer una aportación para el albergue, el comedor y el centro de día hasta la construcción del centro de integración social es Gorg según el número de habitantes de cada núcleo, para seguir ofreciendo servicios y cubrir las necesidades básicas de las personas más desfavorecidas. «Tiene que haber prioridades y el pobre es una de las primeras», remarcó Miquel Sánchez, que recordó que el servicio y la ayuda que ofrece a los más faltos es una obligación de la administración pública. «Por ello tenemos la confianza de que los firmantes honrarán ese acuerdo y más cuando estamos en un terreno que no es optativo sino que es una obligación legal». Ya que según la ley de servicios sociales de la Comunitat marca que hay tres derechos fundamentales como son el alimento, el vestido y el alojamiento que deben ser satisfechos por las administraciones públicas, recordó el delegado episcopal.