Solo una de las diez familias que serán desalojadas de sa Penya ha pedido a Vila ayudas para el alquiler

Según explica la resolución adoptada por la presidenta del Consorci, la alcaldesa de Vila, Marienna Sánchez-Jáuregui, durante los noventa días que duró el plazo de solicitud de ayudas solo se presentó una petición. Por ello, esta ampliación está destinada al resto de familias que viven de forma irregular en esta zona y que «han verbalizado dificultades para acceder a una vivienda de alquiler, durante estos meses de verano, por todo el año y a un precio razonable».

Cabe recordar que las ayudas serán financiadas por el Consorci mediante una partida 50.000 euros que se repartirá en un máximo de 650 euros mensuales (hasta un total de 9.000 euros) por familia y que estarán vinculadas «a un plan de acompañamiento social». Se trata de un proceso de inserción en la sociedad que se extenderá por un año.

El desalojo previsto en sa Penya afectará a un total de 54 personas que residen tanto de forma lega como ilegal en las 44 viviendas a expropiar en el barrio.