Imagen de archivo de la época en que se estaban construyendo las autovías.

Imagen de archivo de la época en que se estaban construyendo las autovías. | Redacción Local

B. RosellóEivissa06/08/11 0:00
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La Abogacía de la Comunitat Autónoma ha concluido que no existió ningún indico de infracción penal en la tramitación y ejecución de las autovías de Eivissa: ni en el acceso al aeropuerto ni en el desdoblamiento de la carretera de Sant Antoni, según un comunicado remitido ayer por la tarde del Govern balear.
La Abogacía de la Comunitat Autònoma «acaba de concluir el informe solicitado por la Conselleria d'Administracions Públiques» después de recibir la información técnica aportada por los técnicos del departamento d'Obres Públiques tras el dictamen realizado por el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid en el que se apuntaba que se había cometido un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
Este dictamen fue encargado por el anterior ejecutivo balear y dado a conocer por el GEN. Se da la circunstancia de que la Abogacía aseguró ya en un informe en octubre de 2010 «que no se desprendía indicio alguno de infracción penal en las actuaciones referidas», según recuerda el comunicado.
«A pesar de esta valoración de los propios servicios jurídicos del Govern, el entonces conseller d'Habitatge i Obres Públiques, Jaume Carbonero, solicitó un informe jurídico independiente, ajeno a los servicios jurídicos de la misma administración», recordaba el ejecutivo en el comunicado. Este informe requerido al catedrático en Derecho Penal de la Universidad Carlos III, Francisco Javier Àlvarez, tuvo un coste de 21.228,20 euros.
De esta manera, la Abogacía apunta que en el dictamen realizado por Àlvarez no se hace alusión alguna a los argumentos jurídicos que aparecían en el documento elaborado en octubre de 2010, «razonamientos que ahora mantiene y desarrolla a la vista de las graves e infundadas afirmaciones».
Asimismo, la Abogacía apunta que, visto el contenido de la documentación adjunta a la petición del informe, «no se desprende que exista indicio alguno de infracción penal que haga necesaria denuncia o actuación alguna sobre este tema». Asimismo reitera las mismas conclusiones del informe inicial elaborado el pasado mes de octubre de 2010.

Cruce de acusaciones por el informe del catedrático
El informe elaborado por el catedrático de la Universidad Carlos III que fue dado a conocer por el GEN de Eivissa provocó un duro cruce de acusaciones entre el exconseller d'Obres Públiques, Jaume Carbonero, y su predecesora en el ejecutivo de Jaume de Matas, Mabel Cabrer. A finales del mes de junio fue cuando se desvelaron las conclusiones del dictamen.

Críticas entre políticos por no hacerlo público
El hecho de que los socios de partido del PSOE en la pasada legislatura, Eivissa pel Canvi, ignoraran el informe solicitado y sus conclusiones motivó que el exconseller Albert Prats se mostrara molesto por la nula comunicación. Asimismo, algunos intengrantes socialistas criticaron que el documento se hubiera tenido que mostrar una vez concluido, coincidiendo con las semanas previas de la campaña electoral.