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El Consell d'Eivissa tiene 489 facturas sin pagar y debe 1,3 millones de euros a sus proveedores. Así lo reconoció ayer el conseller de Finances Corporatives, Tomás Méndez, quien indicó que ahora mismo les resulta «imposible» cumplir la nueva ley contra la morosidad que obliga a pagar a 50 días. Estos datos fueron ofrecidos con motivo de la aprobación de un informe de tesorería que indicaba que, a fecha de 15 de febrero, la institución debía 1.211 facturas y 2,1 millones, una cifra que se ha reducido en los últimos días hasta esos 1,3 millones.

La consellera del PP Carmen Domínguez, grupo que se abstuvo en la votación del informe, criticó al conseller por haber protagonizado en otras épocas titulares en los que decía que «no se debía nada», cuando en realidad ha habido una «mala gestión» porque la institución «no paga» y «no cumple la ley».

El conseller Méndez justificó esta abultada cifra porque, a principios de año, «es normal» que se acumulen facturas del anterior. Además, recordó la situación de crisis que están atravesando las administraciones y destacó que el Govern balear les debe 17 millones de euros de pagos correspondientes a 2010. «Hemos llegado a un acuerdo para que nos paguen, no es todo lo ideal que quisiera, pero este mes nos abonarán cuatro millones y cuatro más el mes que viene, están pagando a plazos», indicó el conseller, que cree que hasta finales de 2012 o 2013 las instituciones no remontarán su precaria situación económica. «En nuestro caso quizás será un poco antes, porque se prevé que la temporada turística de 2011 sea buena, y eso se reflejará en 2012», resaltó Méndez, que recordó que las perspectivas para Eivissa son halagüeñas. «Habrá más empleo y más ingresos y eso nos llegará a nosotros con dos años de retraso», añadió el conseller.

Nueva contabilización

Por otro lado, el responsable de las finanzas del Consell reconoció que no están cumpliendo la nueva ley de morosidad, que les obliga a pagar a 50 días en 2011 y a 30 en 2013. Antes se contabilizaban los días desde el momento en el que se reconocía esa factura hasta que se pagaba. Ahora, con la nueva ley, se cuenta desde que se presta el servicio. El conseller reconoció que con la antigua metodología el Consell cumple medianamente porque paga a 60 días. Pero con la nueva se incumple la ley. «Si somos sinceros, es totalmente imposible», indicó Méndez, que recordó que la ley prevé poder solicitar créditos ICO para hacer frente a estos pagos, pero esto no es posible a efectos prácticos. En este punto la consellera del PP popular le dio la razón: «El Gobierno hace leyes sin dotarlas de forma suficiente».

No obstante, Méndez puntualizó que la ley es «muy positiva» y que está de acuerdo en «no pasar el problema a los más débiles». De hecho, aseguró que están haciendo grandes esfuerzos para pagar cuanto antes. «Hacemos verdaderos milagritos», dijo el conseller, que cree que el problema no se arreglará hasta que el Consell no tenga una nueva financiación, algo que reconoció que ya no gestionará él y que confió en que se produzca el próximo año.

Méndez recordó que todas las instituciones están en la misma situación y por eso se lleva muy bien con los concejales de hacienda de los ayuntamientos, porque «estamos todos desesperados».

PP y PSOE-ExC se unen contra las prospecciones petrolíferas

El equipo de gobierno y la oposición aprobaron ayer una moción conjunta en la que reiteran su «frontal oposición» a la autorización concedida por el Gobierno a Cairn Energy para hacer prospecciones petroleras entre Valencia y Eivissa por las consecuencias que puede tener sobre la biodiversidad y el turismo. Instan también al Govern a ejercer todo tipo de acciones, también judiciales, para impedir estas prospecciones.

El conseller Albert Prats envió la semana pasada una carta al ministro Sebastián para expresarle su «profunda preocupación» y su sorpresa porque el Consell no ha sido informado.

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