UGT se da de plazo hasta el martes para que Grupo Playa Sol obtenga financiación

Por ello, desde UGT aseguraron ayer que se dan de plazo hasta el próximo lunes para que los trabajadores cobren lo adeudado. «Los trabajadores están enfadados y en principio daremos un margen del fin de semana y si el lunes por la mañana no han cobrado, por la tarde convocaremos una asamblea para el martes para saber qué está dispuesta a hacer la gente», apuntó ayer Pepe Pedrido, secretario de organización de Hostelería del sindicato. En este sentido, Pedrido indicó que la mayoría de los trabajadores, «alrededor del 90%» están pendientes del cobro no sólo de la nómina del pasado mes, sino también del finiquito. Aún así, todavía hay trabajadores que continúan en los establecimientos que permanecen abiertos.

Por su parte, desde CCOO recordaron que el pasado mes también se cobró el día 14 «por lo que estado más o menos igual, y el mes pasado los trabajadores ya estaban intranquilos», apuntó la secretaria de organización, Consuelo Vázquez. Aún así, insta a mantener la calma «porque hemos estado todos estos meses pidiendo confianza y ahora pedimos la misma, ni más ni menos».

Vázquez indicó que, a pesar de todo, habrá que estar «vigilantes» y «estar encima del tema». La secretaria de organización de CCOO confió en que la administración judicial pagará a los trabajadores de la cadena «aunque todo es muy delicado», precisó.

A la espera y sin fecha prevista

El administrador judicial, Javier Perelló, que esperaba que la concesión del crédito se materializara entre el jueves y ayer, aseguró que no es la primera vez que le dilatan la comunicación de esta financiación, por lo que no se quiso comprometer a dar una fecha estimada.

El crédito de once millones de euros no sólo servirá a la cadena hotelera para pagar las nóminas de los trabajadores sino que también se prevé hacer frente a la legalización de los doce hoteles expedientados por el Consell por irregularidades en materia turística. En la primera reunión mantenida entre administración judicial, Consell y sindicatos, la institución consideró «viable» las propuestas de GPS para legalizar los establecimientos.