Marià Torres reconoce su «preocupación» por el retraso en la construcción de colegios e institutos

El conseller de Política Educativa, Marià Torres, reconoció ayer su «preocupación» por el retraso en la construcción de colegios e institutos y aseguró que ya han pedido al Govern que si tiene que modificar alguna decisión que lo haga para agilizar las inversiones. «Nos preocupa cómo está pero no podemos hacer más, esto es responsabilidad del Govern», indicó Torres, que respondió así a una moción presentada por la consellera del PP Carolina Torres, quien pidió sin éxito al equipo de gobierno que reprobase la política educativa del Ejecutivo balear.
Torres recordó que todavía no se han terminado las obras del Conservatorio, que las del colegio de sa Bodega en Vila aún no han empezado y que se han tenido que ampliar los barracones de los Multicines. Criticó además las aulas modulares de ses Païsses, que el instituto de Sant Antoni está parado y que ello contribuirá a la «masificación» del Quartó de Portmany con la instalación de aulas en el patio. «No me extraña que la anterior delegada de Educació dimitiera», insistió la consellera popular, que acusó a la ex consellera del Govern Bàrbara Galmés de paralizar la ejecución del instituto de Sant Antoni y de cambiar el proyecto de sa Bodega.
Problemas de las empresas
El conseller de Política Educativa recordó que el Govern tiene prevista una inversión en Eivissa de 22 millones de euros («nunca hubo tanto dinero para esta materia en Eivissa») y acusó al PP de no aprobar una enmienda a la ley de sa Coma que hubiera permitido agilizar la construcción de colegios en Vila. También recordó que ha habido muchos problemas con empresas que han empezado obras y que luego han resultado «no ser serias».
La consellera popular le recordó que no apoyaron la enmienda de sa Coma porque suponía «autorizar la construcción de 1.700 viviendas por la puerta de atrás». De hecho, aseguró que con ello no se solucionan los problemas del colegio de sa Bodega, ni del instituto de Sant Antoni y señaló que los 22 millones «serían fantásticos si fueran reales», porque por ahora «sólo existen en un papel». También reconoció que ha habido problemas con algunas empresas, pero matizó que el Govern negó durante meses que las obras del instituto de Sant Antoni estuvieran paradas. «Si lo hubieran reconocido hubieran buscado soluciones antes», añadió.
Por otro lado, el Consell aprobó ayer pasar a formar parte del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Balears, que se encarga de la construcción de las residencias. De esta forma se elimina el organismo propio que hasta ahora tenía Eivissa y se centraliza todo en Mallorca para ahorrar costes, ya que se prescinde de la gerente.
El conseller del PP, Vicent Serra, criticó que se apueste por «el centralismo más clásico» y por «dar más poder a Palma». También indicó que esto supondrá una pérdida de poder del Consell, ya que sólo tendrán dos de los 17 componentes. Por ello pidió que algunas de las reuniones se celebren en Eivissa para tratar las problemáticas específicas de aquí.
La consellera de Política Social i Sanitària, Patricia Abascal, acusó a Serra de intentar «engañar» a la ciudadanía porque fue el PP el que dejó las competencias de gestión de las residencias en manos del Govern. También justificó la eliminación del consorcio de Eivissa para conseguir un mayor ahorro económico en tiempos de crisis, además de que remarcó qeu habrá una persona de Eivissa para controlar las obras.