Cabrer acusa a Carbonero de «juego sucio» y niega las irregularidades

La diputada del PP y ex consellera de Obras Públicas del Govern de Jaume Matas, Mabel Cabrer, acusó ayer al conseller de Vivienda y Obras Públicas, Jaume Carbonero, de hacer «demagogia» y «juego sucio» con la auditoría realizada sobre las dos autovías de Eivissa.
Cabrer señaló que el Govern firmó un convenio con el Consell para poder licitar las obras de su competencia y apuntó que «obviamente la Intervención de la CAIB jamás dejaría licitar unas obras para las que no se tuviera competencia». En referencia al supuesto sobrecoste, la popular explicó que el presupuesto que figuraba en el convenio de -4,71 millones de euros y 3, 63 millones de euros- era una cifra mínima de punto de partida porque en aquel momento el Ministerio de Fomento no les autorizaba «más que a recuperar las cifras que el anterior Pacte de Progrés de 1999-2003 había dejado perder». Así, apuntó que «la cifra real de una carretera la marca el proyecto y, a partir de esta cifra, se miran los sobrecostes con los correspondientes modificados y/o complementarios».
«La mejor auditoría»
Asimismo, agregó que las carreteras deEivissa fueron objeto de «la mejor auditoría pública, independiente y transparente posible, que es la del Area de Intervención de la Comunidad», la cual fiscalizó «los pliegos, la contratación, el gasto y la adjudicación, interviniendo en todas las fases y en la Mesa de Contratación».
Cabrer señaló que en el caso de la carretera que une Eivissa y Sant Antoni, ésta «fue objeto de una segunda auditoría en el informe de la Sindicatura de Cuentas del ejercicio 2005, que analizó los informes y resoluciones previas del contrato, el contenido de los pliegos, la adjudicación y notificación, la selección del contratista, la Mesa de contratación, la formalización del contrato, el acta de replanteo y la ejecución».
Por otra parte, la diputada añadió que los expedientes de expropiación «han sido analizados por la Administración de Justicia, y aproximadamente sólo un 2 por ciento de un total de 500 expedientes han obtenido sentencia favorable al administrador, por aspectos de defecto de notificación, habituales en cualquier proceso de construcción de una carretera en cualquier Administración Pública».
La diputada destacó que los funcionarios que participaron en los procesos de contratación, gasto, así como en la dirección técnica de las obras y expropiación, son los mismos que han continuado esta legislatura «recepcionando las obras, pagando las primeras anualidades (ningún pago se hizo la anterior legislatura) tras comprobar si se explotaba la obra según el pliego o no, e incluso aprobando modificados de obra de características técnicas y económicas muy importantes».
Por otra parte, agregó que las carreteras fueron contratadas por el sistema de peaje en sombra «ante la denuncia del convenio de carreteras efectuado por el Ministerio de Fomento (acuerdo en el que, además, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Govern)». La diputada ha criticado también que, a principios de mayo, el Grupo parlamentario Popular solicitó una copia de la auditoría «para evitar la utilización de dinero público para fines partidistas», la cual no se les ha entregado.
El presidente del PP balear, José Ramón Bauzá, que se encontraba ayer en Eivissa, no quiso pronunciarse sobre la auditoría.